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Pensiones, economistas y banqueros
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Joaquín Arriola
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Con el nombramiento del nuevo director de la Oficina Económica de La
Moncloa, David Taguas, se repite una vez más la condena a la que se ve
sometida la población española, de que los responsables del diseño de
la política económica sean en realidad asalariados del capital
financiero. Esta hegemonía política de la banca, como señala en su
tesis doctoral Sofía Pérez ("Banking on Privilege", Cornell University
Press 1997, el libro que como dijera Vicente Navarro, nunca se iba a
publicar en España; y aun está por editarse), está vigente al menos
desde la época de la dictadura de Primo de Rivera, y se ha profundizado
precisamente en los gobiernos del PSOE, destacando las figuras de
Miguel Boyer (el cual imposibilitó un mercado de alquileres a precios
razonables y dio todo el poder de las hipotecas a la banca), Carlos
Solchaga (responsable de haber diseñado el país en el que se podía
ganar más dinero más rápidamente, o la cultura del pelotazo), Claudio
Aranzadi (quien inmortalizar la frase de que la mejor política
industrial es la que no existe), y fuera del ámbito ministerial y en el
de consejeros áulicos, Miguel Sebastián, y ahora David Taguas, en una
combinación de personajes que puede ir desde la masonería al Opus Dei,
pero ligados todos ellos por su subordinación a la ideología oficial
del Banco de España, es decir, a los intereses de los banqueros.
El
nuevo responsable del diseño estratégico del modelo económico del
Estado se estrena más bien como intelectual orgánico del capital
financiero, y sostiene en un número reciente de la revista Panorama
Social, (nº 4, febrero 2007) de la Fundación de las Cajas de Ahorro
(Funcas), dedicado a la reforma de las pensiones en España y
Latinoamérica, que la viabilidad a medio y largo plazo del vigente
modelo de pensiones en España "podría incurrir en déficit" en 2011, o a
lo sumo en 2015, si no se introducen modificaciones de calado en su
funcionamiento. Por ello afirma que hay que introducir cambios
orientados a retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años frente a
los 65 actuales, computar toda la vida laboral de los trabajadores para
fijar la cuantía de las prestaciones -en la actualidad se calcula sobre
los 15 últimos ejercicios en activo-, lo que reduciría su importe; y
que el aumento anual de las pensiones sea inferior al de los precios,
en contra de lo que garantiza ahora la ley.
Pese a todo, anuncian
que estas medidas sólo retrasarían unos años, hasta 2024 o 2046, según
la velocidad y contundencia con la que se apliquen sus recomendaciones,
la aparición del supuesto "déficit", y por ello proponen que "debería
irse hacia un modelo de capitalización individual lo más pronto
posible". Firma el texto como subdirector del servicio de estudios del
BBVA -el puesto que ocupaba hasta acceder a su actual despacho en la
presidencia del Gobierno- junto a María Jesús Sáez, miembro de la
Intervención General de la Seguridad Social.
El disco financiero
sobre las pensiones suena ya a rallado, sino fuera por la estulticia
con que lo escucha la representación oficial de los trabajadores: UGT y
CC.OO., metidos de hoz y coz en el Pacto de Toledo y en la promoción de
fondos de pensiones de empresa con derecho a cargo en el consejo de
administración, y en Euskadi, bendiciendo con la aquiescencia de ELA el
destino de una parte de los impuestos de todos los vascos para pagarles
un complemento de pensiones a los funcionarios, y con algunos partidos
locales que presumen de socialdemócratas, proponiendo las pensiones
privadas como alternativa para "nacionalizar" las pensiones de los
vascos.
Y todo esto, con una base argumental que resulta más que
cuestionable: ¿Hay que repetir otra vez que hablar de déficit de la
seguridad social es como hablar de déficit del ministerio de defensa?
¿Hay que recordar que las pensiones del sistema contributivo las pagan
los trabajadores en activo, y las no contributivas se pagan los
impuestos, y por tanto se trata de un problema de decisión política y
no de técnica contable, auditoría ni modelos econométricos, el decidir
si el nivel de solidaridad intergeneracional tiene que aumentar,
mantenerse o como proponen estos listillos de los servicios de estudios
de la banca, reducirlo?
¿Es que no les da vergüenza repetir la
misma cantinela a base de extrapolar unas proyecciones demográficas
insostenibles, o de "olvidarse" que además de la población jubilada con
derecho a pensión, también aumenta la productividad y la producción,
probablemente a mayor velocidad, y que por tanto el impacto en el PIB
de las pensiones contributivas ni de lejos va a alcanzar los
porcentajes que manejan estos mandados?
Porque, a fin de cuentas, un
sistema de capitalización, como el que proponen desde la banca,
garantiza aun menos que un sistema publico de reparto la
sostenibilidad. En realidad, persigue convertir a los ancianos en
inversores de riesgo, pues arriesgado es colocar los ahorros de toda
una vida en un fondo de pensiones que depende de la habilidad de los
gestores para colocar esos dineros en fuentes de alta rentabilidad, de
forma permanente y sobre todo, cuando los nuevos inversores empiecen a
ser menos que los que retiran los fondos como consecuencia de haber
llegado a la edad de pensionista. Pero son muchos millones en
comisiones de gestión lo que está en juego -bastantes más por cierto
que lo que cuesta la administración de las pensiones públicas- y por
tanto, me temo que de tanto insistir van a convencer a unos cuantos más
para que se apunten al timo de los fondos de pensiones.
Joaquín Arriola es profesor de Economía Política en la UPV/EHU |
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