El conflicto del Sahara Occidental: luces y sombras tras cuarenta años de ocupación

Juan Soroeta Liceras

Profesor titular de Derecho Internacional Público y director de AIODH-Asociación Internacional para la Observación de los Derechos Humanos

El conflicto del Sahara Occidental: luces y sombras tras cuarenta años de ocupación

CATHEDRA

viernes 30 de junio de 2017

Aunque desde que España ingresó en la ONU (1955) la Asamblea General le presionó para que pusiera en marcha la descolonización del "Sahara Español", durante casi veinte años incumplió sus obligaciones internacionales con el argumento, compartido con Portugal, de que no poseía colonias sino "provincias de ultramar". Sin embargo, la Revolución de los Claveles (abril de 1974) y la inmediata renuncia de Portugal a su imperio colonial, obligó a nuestro país a asumir finalmente que debía descolonizar el territorio.

Una vez confeccionado el censo, todo estaba listo para que se celebrara un referéndum de autodeterminación que, tal y como señaló una Misión de la ONU que visitó el territorio (diciembre de 1974), habría de concluir con la independencia, pues esta era la voluntad unánime de la población. Entonces, a instancias de Marruecos, la Asamblea General aprobó una resolución en la que pedía a España que lo suspendiera hasta que la Corte Internacional de Justicia decidiera sobre la forma de poner fin al conflicto: ¿debía dividir el territorio entre los Estados que reclamaban la soberanía sobre él (Marruecos y Mauritania), o bien el pueblo saharaui debía ejercer el derecho de autodeterminación, tal y como había sucedido en la práctica totalidad de los territorios coloniales africanos? La Corte afirmó en su dictamen (16 de octubre de 1975) que nunca existieron vínculos de soberanía entre las poblaciones del Sahara Occidental y los mencionados Estados, y que, por ello, el conflicto debía resolverse mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación.

Tras hacerse público el dictamen, Marruecos procedió a ocupar el noreste del territorio mediante la denominada Marcha Verde, mientras Mauritania hacía lo propio por el suroeste. Días más tarde, España concluyó con ambos Estados los ‘Acuerdos Tripartitos de Madrid' (14 de noviembre de 1975), en virtud de los cuales ponía el territorio en manos de una "administración internacional interina" en la que habrían de participar los tres Estados, pero que nunca se llegó a constituir. El resultado último de estos acuerdos, cuya nulidad está fuera de toda duda, fue la entrega del territorio por España a los dos Estados que, sin título jurídico para ello, lo reivindicaban. Finalmente, el 26 de febrero de 1976 el gobierno español comunicó a la Asamblea General su decisión de poner fin a su presencia en el territorio del "Sahara Español", pretendiendo dar por terminadas desde entonces sus obligaciones internacionales en relación con el mismo.

El Frente POLISARIO, movimiento de liberación nacional reconocido por la Asamblea General como "único y legítimo representante" del pueblo saharaui, inició tras la ocupación del territorio una guerra de liberación nacional avalada por el Derecho Internacional, primero frente a los dos Estados invasores y, desde que en 1979 se retirara Mauritania, frente a Marruecos. Desde entonces, el pueblo saharaui vive separado físicamente entre quienes permanecieron en su tierra bajo la ocupación marroquí y quienes, bajo el fuego y las bombas del ejército de este Estado, tuvieron que huir a Tinduf (Argelia), lugar donde se ubican los campamentos de refugiados.

Tras tres lustros, y obligado por la sangría que suponía para su economía el mantenimiento del conflicto bélico a lo largo de los cerca de 2.800 kilómetros de muro que dividen en dos el territorio, Marruecos decidió negociar con el Frente POLISARIO un Plan de Paz (1988) que preveía la celebración de un referéndum de autodeterminación, en el que podrían participar las personas incluidas en el censo confeccionado por España en 1974, censo que debía ser actualizado de una forma muy sencilla, con dos opciones muy claras: independencia del territorio o integración del mismo en Marruecos.

Por desgracia para el pueblo saharaui, la puesta en marcha del Plan de Paz coincidió con el comienzo de la guerra civil en Argelia (1992), lo que hizo pensar a Hassan II que si este Estado, principal aliado de los saharauis, les retiraba su apoyo, ya no sería necesario un referéndum. Pese a que esto no llegara nunca a ocurrir, cuando en 2000 las Naciones Unidas hicieron público el censo definitivo, Marruecos anunció su decisión de abandonar la posibilidad de celebrar un referéndum, después de acusar a la ONU de haber favorecido a los saharauis. Lo cierto es que un somero análisis del proceso de identificación permite comprobar que, en efecto, la ONU favoreció a una de las partes; pero no a la más débil, sino a Marruecos.

De conformidad con el Derecho internacional, la solución al conflicto pasa por que el Consejo de Seguridad apruebe una resolución que imponga la celebración del referéndum con el censo que ha confeccionado la ONU siguiendo los criterios negociados por las partes… y algunos otros introducidos por Marruecos, con la impagable ayuda de los sucesivos Secretarios Generales de la ONU (Pérez de Cuéllar, Butros Gali y Kofi Annan). Pero esto no es posible porque Francia, principal aliada de Marruecos, lo impide ejerciendo su derecho de veto.

Desde que Marruecos bloqueó la posibilidad de celebrar un referéndum, el conflicto vive en un callejón sin salida. Mientras tanto la situación en los campamentos de refugiados de Tinduf empeora día a día, ya que la ayuda humanitaria disminuye cada año, y la población saharaui que vive en los territorios ocupados sufre la permanente violación de sus derechos humanos: derechos económicos, sociales y culturales (marginación, paro, acceso a la educación…) y derechos políticos y civiles (tortura, detenciones ilegales, desapariciones, juicios carentes de las más elementales garantías procesales que concluyen con penas de cadena perpetua…). Mientras tanto, Marruecos explota impunemente los recursos naturales saharauis (fosfatos, pesca, arena…), violando el Derecho internacional, y teniendo como contraparte en las negociaciones… a la propia Unión Europea.

Las razones por las cuales la UE y la ONU asisten impasibles a esta situación y permiten los desmanes de un Estado gobernado con dura mano por una monarquía medieval (los graves incidentes de los últimos meses en el Rif son una muestra más de ello), son básicamente tres, que son utilizadas por Marruecos para chantajear a ambas organizaciones internacionales: incidentes en Ceuta y Melilla, llegada masiva de inmigración ilegal a las costas españolas (cualquiera que conozca los territorios ocupados del Sahara Occidental sabe bien que es imposible que una embarcación abandone sus costas sin conocimiento de las autoridades marroquíes), e interrupción de colaboración en materia terrorista.

Pese a este desolador panorama, en los últimos tiempos hay algunas razones para pensar que esta situación puede cambiar. Desde la entrada en vigor del alto el fuego en 1991, la única arma de que dispone el pueblo saharaui es el Derecho. Y aunque ha tardado más de lo razonable en utilizar esta vía, finalmente el Frente POLISARIO presentó un recurso de anulación contra un acuerdo de libre comercio concluido entre la Unión Europea y Marruecos que, desde su entrada en vigor, se venía aplicando en el Sahara Occidental. Este recurso fue resuelto en diciembre de 2016 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante una sentencia que va a condicionar de forma decisiva las relaciones entre la UE y Marruecos. En primer lugar, porque afirma la legitimación del Frente POLISARIO para intervenir ante los tribunales de la UE, cuestión jurídica que parecía difícil de salvar, y que abre las puertas de los tribunales europeos al movimiento de liberación nacional saharaui. En segundo lugar, porque afirma con rotundidad que el Sahara Occidental no forma parte de Marruecos, algo que, pese a haber sido afirmado ya en 1975 por el Tribunal de La Haya, tiene especial relevancia por tratarse de una sentencia que vincula a los tribunales de los Estados miembros de la UE. Finalmente, porque de su tenor literal se deriva que, en pura coherencia, el Tribunal se verá obligado a resolver otro recurso presentado por el Frente POLISARIO contra el acuerdo de pesca estableciendo su nulidad.

En otro orden de cosas, cabe recordar que España no tiene simples obligaciones morales o históricas con el Sahara Occidental y con su población, como suelen apuntar algunos políticos de nuestro país, sino auténticas obligaciones jurídicas. Desde el punto de vista del Derecho internacional, España sigue siendo la potencia administradora del territorio. Pero es que, desde el punto de vista del Derecho interno español, también lo es. Así, por una parte, España sigue administrando hoy en día el espacio aéreo saharaui. Por otra, tal y como, a propuesta nada menos que del Ministerio Fiscal, estableció la Audiencia Nacional española en dos autos de julio de 2014, los tribunales españoles son competentes para entender de lo que sucede en el territorio no en aplicación del principio de jurisdicción universal, desenterrado por el juez Garzón para procesar a Pinochet, sino en aplicación del principio de territorialidad, porque el Sahara Occidental sigue estando bajo jurisdicción española. Aunque sus sucesivos gobiernos hayan mantenido desde 1975 lo contrario, pese a ser su potencia administradora, y por ello tener la obligación internacional de promover el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, España apoya sin disimulos la ocupación del territorio.

Me gustaría concluir este somero análisis del conflicto con un poco de optimismo. Por una parte, y aunque parece obvio que ni los Estados ni las organizaciones internacionales implicados van a dar un paso para resolver el conflicto, la puerta entreabierta por los tribunales permite que se cuelen algunos rayos de esperanza en el sombrío camino hacia su resolución. Por otra parte, quienes conocemos las firmes convicciones de quienes tras cuarenta años de indescriptible sufrimiento siguen haciendo frente de forma pacífica a la ocupación militar de su tierra, sabemos que este conflicto no tendrá fin hasta que el pueblo saharaui ejerza su derecho a la libre determinación.

 

Fotos: Nagore Iraola. UPV/EHU.

 
Nodo: liferay1.lgp.ehu.es
 
Esta web utiliza cookies. Si continuas navegando estás aceptándola. Ver nuestra política de cookies   Aceptar