Carlos Santamaría y su obra escrita

 

¿Funcionariado exógeno?

 

El Diario Vasco, 1982-06-20

 

      En setiembre último y en esta misma columna de D.V., nos permitíamos hacer una especie de profecía que ahora empieza quizás a cumplirse: «la verdadera dificultad para las autonomías —escribimos entonces— no vendrá de los políticos, sino de los enarcas».

      Los «enarcas» —es decir, los altos funcionarios de la Administración— empiezan a dar señales de actividad ante el Estado de las autonomías. Según una noticia circulada recientemente por «Europa Press», la «Comisión Superior de Personal» constituida por representantes de alto nivel de todos los departamentos ministeriales, va a estudiar en breve las medidas necesarias para que unos veinte mil funcionarios estatales sean proyectados desde Madrid sobre las Comunidades autónomas. Dice también la citada información que un «trato privilegiado» beneficiará a los funcionarios que se presten voluntariamente a participar en esta gran operación que pudiéramos llamar de centrifugación del personal funcionario.

      Era evidente desde un principio que al implantarse como modelo constitucional el Estado de autonomías, por completo distinto del anterior Estado centralista, la estructura de la Administración tenía que adaptarse a la nueva estructura del Estado y debía ser sometida, a este efecto, a una profunda reforma. Determinados Cuerpos deberían ser modernizados; algunos reestructurados o descentralizados y otros incluso paulatinamente extinguidos al haber sido traspasadas a las Autonomías las correspondientes competencias.

      Pero estas reformas no han sido siquiera estudiadas y, tal como vemos la cosa, parece que lo que ahora se pretende es justamente lo contrario de lo que hubiese sido lógico y necesario. Por todas las trazas no va a ser el aparato administrativo del Estado el que se adapte a las autonomías sino, al contrario, éstas las que tengan que someterse a las exigencias de la Administración.

      Para la «Enarquía» el problema más importante del momento parece ser el de defender y conservar los Cuerpos clásicos con la misma potencia y ámbito operacional que tenían en el Estado centralizado.

      Como ya es harto sabido el artículo treinta y uno del proyecto de «Ley armonizadora» limita o más bien excluye la libertad de acción de las Comunidades para crear sus propios Cuerpos de funcionarios.

      De acuerdo con dicho proyecto una Comunidad autónoma carecerá pues de competencia para convocar y proveer plazas de funcionarios en su propio campo jurisdiccional. Deberá servirse de funcionarios estatales, los cuales le serán transferidos por el Estado en determinadas condiciones. Esto quiere decir, en definitiva, que para ser funcionario de una Comunidad habrá que serlo previamente del Estado.

      Se había afirmado repetidamente que las nacionalidades y regiones dispondrán en el nuevo sistema de un amplio autogobierno, dentro —claro está— de los propios márgenes autonómicos de cada una de ellas. Pero en el reino de la palabrería hay que interrogarse constantemente sobre el significado de las palabras. Porque ¿qué significa autogobierno? Y ¿cómo puede hablarse de «autogobierno» refiriéndose a una Comunidad que ni siquiera tiene capacidad legal para seleccionar, formar y nombrar a sus propios funcionarios?.

      Es esta una cuestión de gran importancia práctica que va a afectar de hecho, no sólo al funcionamiento de nuestra Comunidad, sino también a los intereses de muchas personas —sobre todo jóvenes— que aspiran legítimamente a incorporarse a la Administración vasca.

      Resulta incomprensible que se haya podido decir, como se ha dicho hace pocos días, que nada de esto le interesa al «pueblo».

      En resumen, lo que parece que en este momento pretenden los estatalistas a través del artículo 31 de la LOAPA es mantener a toda costa la existencia en Euskadi de funcionario exógeno —exógeno, es decir, que se genera fuera—. Es un mal que por desgracia conocemos perfectamente, y que nuestro pueblo ha venido sufriendo desde que se planteó en este país la Administración estatal en toda su amplitud, una vez que fueron suprimidos los Fueros.

      No vacilo en afirmar que esta misma imposición «exogénica» ha sido una de las principales causas de esa especie de «odio al Estado» que se ha venido incubando aquí desde hace largo tiempo.

 

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