Karlos Santamaria eta haren idazlanak

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¿Para qué sirve el Senado?

 

El Diario Vasco, 1989-10-16

 

      Como todo el mundo sabe, dentro unos días vamos a votar a nuestros representantes en el Congreso de los Diputados. Al mismo tiempo y de la misma manera, aunque como cosa más bien secundaria, elegiremos también a los futuros componentes del Senado o Cámara Alta.

      Somos conscientes de que lo verdaderamente importante en estos comicios es la elección del Parlamento. El Senado, por lo menos en su forma actual de funcionamiento, pesa realmente muy poco en la vida política. Algunos piensan incluso que lo mejor sería prescindir de él, según lo hicieron las Cortes Constitucionales de la Segunda República, considerándolo como una institución reaccionaria y contraria al principio de igualdad entre los ciudadanos.

      Es sin embargo evidente que el carácter aristocrático que el Senado tenía en otros tiempos ha desaparecido casi por completo. Sólo se conserva en Inglaterra, donde la Cámara de los Lores detenta vastas atribuciones sabiamente compartidas con la de los Comunes. Pero los ingleses son los ingleses y, en punto a la conservación de las costumbres e instituciones políticas tradicionales, están muy por encima de cualquier otro pueblo.

      De hecho, el Senado no tiene ya en ninguna parte, aquella reverencial connotación que se le atribuye en otras épocas al aplicársele el nombre de «Cámara de los ancianos», es decir, de los «senex», que es de donde proviene la palabra «senado».

      Ahora bien, independientemente de todo esto, el sistema bicameral sigue funcionando hoy con notoria eficacia en bastantes países, en los cuales desempeña una función representativa de importancia.

      Así, en América del Norte, como Cámara de los Estados que constituyen la Unión, y en la Alemania Democrática, donde los 38 miembros del «Bundesrat» son nombrados directamente por los «Lander» o Países.

      También en Italia, cuyo sistema de regiones autónomas se parece bastante al nuestro, el Senado tiene un sistema propio de elección y una representatividad territorial de bastante interés.

      En el caso del Estado español actual, no puede decirse otro tanto, por desgracia. Aunque teóricamente «el Senado es la Cámara de representación territorial», según reza el artículo 69 de la actual Constitución, esta definición no se ha traducido aún en nada práctico. A lo largo de las sucesivas legislaturas, la laboral del Senado ha tenido generalmente muy poca trascendencia, limitándose a intervenciones puramente formales y sin resonancia política alguna.

      De esta manera, el artículo constitucional al que acabamos de aludir se ha quedado pues, en una mera declaración de principio, sin proyección práctica de ningún género.

      Para que el Senado pudiera cumplir la función de representación territorial que la Constitución le asigna haría falta que se le reconociese como auténtica Cámara de diálogo entre las comunidades autónomas o entre éstas y el Estado.

      Hasta ahora no ha sido así, porque, en el fondo, la mentalidad centralista sigue fuertemente arraigada en la opinión española, tanto de derechas como de izquierdas, impidiendo que se den nuevos pasos en el camino de la descentralización autonómica. Existe en España un gran temor de que catalanes y vascos, y tal vez otros, insistan en seguir, aunque sea a trancas y barrancas, la vía de la autodeterminación.

      Desde este punto de vista, yo no estaría de acuerdo con los que propugnan la supresión de la Cámara Alta. Creo, por el contrario, que en un Estado como el español, en el que la diversidad de pueblos y nacionalidades ha sido reconocida por la propia Constitución, el Senado no sólo sería útil, sino absolutamente necesario como Cámara territorial de las autonomías.

      El Senado no debe ser pues, suprimido sino reconstituido a fondo, de modo que pueda asegurar la intervención de las comunidades, hoy encerradas en sí mismas, en el diálogo legislativo común. Cuestiones como, por ejemplo, la posible federalización del Estado, —que muchos vemos como la mejor solución del problema de las nacionalidades—, no podrían ser discutidas sin la participación directa de las propias autonomías.

      Ahora que va a dar comienzo una nueva legislatura sería conveniente, a mi juicio, que nuestros políticos —los políticos vascos quiero decir— se decidieran a promover la revitalización del Senado, como una asignatura pendiente que ya es hora de superar.

 

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