Los días 29 y 30 de enero se celebran en la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea las II Jornadas sobre Interpretación en los Servicios Públicos, en las que se analizará la situación del sector y la formación de los profesionales, y se impartirán talleres para formar en las buenas prácticas. Desde su primera edición en el año 2010, la evolución de la interpretación en los servicios públicos no ha sido ajena a los cambios sucedido en la sociedad y nos encontramos con que, por una parte, la crisis está afectando de una manera muy importante, en general, a los servicios de interpretación en distintos ámbitos de la Administración y, al mismo tiempo, se está trabajando para que la Directiva 64/2010 de la Unión Europea empiece a aplicarse.

Se denomina interpretación en los servicios públicos a la que se lleva a cabo en ámbitos como la Justicia, Policía, Sanidad, etc., y consiste en traducir de forma oral a las partes que necesitan entenderse por encima de la diferencia de lenguas que pueda existir. En España, alrededor del 12% de la población es de origen inmigrante y en Euskadi, aunque ese porcentaje baja al 6,5% de la población, este dato se dispara en casos como el del Gran Bilbao con cerca de 54.000 personas, la Llanada Alavesa con 25.000 y la comarca de San Sebastián con 19.000.

Muchas de esas personas necesitan de un intérprete para comunicarse con su médico, el maestro o la maestra de sus hijos, el funcionario que le atiende en la comisaría o el policía que le va a interrogar en el caso de una hipotética detención. ¿Pero qué sucede en realidad? Un estudio que desde la Facultad de Letras de la UPV/EHU se realizó el año 2008 en Vitoria-Gasteiz arrojó una situación que se resumía en algunas de las siguientes conclusiones:

1. Álava es la provincia vasca con mayor índice de población inmigrante (7,3%), y la mayoría se concentran en la Rioja Alavesa y la capital Vitoria-Gasteiz.
2. Hay centros escolares en los que el número de alumnos de origen inmigrante asciende al 90% en  la EGB y al 80% en la ESO.
3. De todos los servicios, sólo el Ayuntamiento cuenta con una bolsa de intérpretes (NORABIDE).
4. La peor situación se vive en la Sanidad, pues sólo cuentan con la colaboración de alguna ONG que aporta sus intérpretes.
5. Desde algún ámbito como el judicial se critica la poca profesionalidad de los intérpretes que trabajan en Justicia.
6. Responsables y trabajadores de los servicios públicos de Vitoria coinciden en la necesidad de organizar servicios de intérpretes. También se apunta la necesidad de mediadores culturales.

En los últimos años se han producido cambios legales importantes en el marco europeo. Así, en octubre del año 2013 finalizó el plazo para que los estados miembros hicieran la trasposición de la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales. Dicha trasposición no se ha llevado aún a cabo por el Gobierno español, pero se está trabajando en ello.

Por otra parte, la crisis económica está afectando también en la prestación de servicios de este campo, lo que conlleva en algunos casos la falta de asistencia con garantías en la Policía y la Justicia, así como problemas de comunicación en Sanidad, etc. Todas estas cuestiones se analizarán a lo largo de dos días en las II Jornadas sobre Interpretación en los Servicios Públicos, que cuentan con la participación de abogados, profesores de distintas universidades españolas y profesionales de la traducción e interpretación.