Catedrático de Derecho Penal, doctor en Derecho y en Medicina y Cirugía y diplomado en Criminología, Carlos María Romeo Casabona dirige desde 1993 el Grupo de Investigación Cátedra de Genoma y Derecho de la UPV/EHU, entre otras de sus muchas tareas académicas. Es miembro de numerosos comités asesores y redactor de documentos como el borrador de la Ley de trasplantes de órganos de 1979, con el gobierno de UCD, y todavía en vigor, la Ley de investigación Biomédica, o el reciente “Informe del Ministerio de Sanidad sobre los aspectos éticos en situaciones de pandemia: El SARS-COV-2”; la guía oficial que orientó al personal sanitario, que, en ocasiones, se encontró en la disyuntiva de decidir a quién dar la posibilidad de seguir viviendo y a quien no. Como él mismo reivindica, la neutralidad política es fundamental para redactar este tipo de documentos.

Le entrevistamos tras su vuelta de Bruselas, donde ha participado como miembro del Grupo Europeo de Ética para las Ciencias y las Nuevas Tecnologías (EGE), que asesora al Colegio de Comisarios Europeos de la UE y, en estos momentos, directamente a la Presidenta de la Comisión Europea, en cuestiones de la pandemia.

¿Qué empuja a un gobierno a encargar un informe que establezca directrices éticas a seguir ante una pandemia?

Las primeras semanas del estado de alarma fueron un auténtico caos, también en cuanto a los criterios sanitarios a seguir, cada organismo publicaba sus propias directrices: la Organización Médica Colegial, las sociedades científicas, los internistas, los hospitales… y no había una uniformidad en los documentos. Así que el Ministerio de Sanidad me pidió que redactara urgentemente un documento que delimitara los criterios éticos que debían regir la gestión de pacientes víctimas de la COVID-19. Yo pedí la incorporación de Asier Urruela, discípulo mío originario de la UPV/EHU, catedrático en Zaragoza, y conté con un grupo de revisión muy cualificado. Trabajamos con entusiasmo y dedicación, sabíamos la responsabilidad que estábamos asumiendo.

Un documento breve, pero explícito.

Sí. Inicialmente, había pensado en algo más desarrollado, aludiendo a la protección de datos…, pero había gran urgencia en publicarlo, porque ya se veían los problemas asistenciales que estaban surgiendo; eso era lo más urgente. Lo elaboramos en un tiempo récord, en diez días… a finales de marzo ya estaba entregado.

En su informe habla de no discriminar a las personas afectadas por la COVID por motivos de edad, discapacidad o procedencia. ¿Anticipaba lo que se nos venía encima o tenía datos?

No directos… pero, lamentablemente, ya me habían llegado noticias de que en algunos hospitales se empezaba a dar instrucciones de no dar asistencia respiratoria en las UCIs a pacientes incluso mayores de setenta años, sin considerar ninguna otra premisa clínica. Había situaciones desesperadas.

Al igual que sabíamos que se podía dar una discriminación con personas por tener determinadas discapacidades o, también, a jóvenes migrantes que estaban internados en centros de acogida. Era un riesgo que no podíamos correr, por eso lo apuntamos.

También por este motivo, decidimos que el informe recogiera cuatro premisas: además de la comentada; la primera es asegurarnos de que sería el posicionamiento de un organismo oficial y, qué mejor que la máxima autoridad en ese momento, según el Real Decreto sobre el estado de alarma, que daba ese reconocimiento al Ministerio de Sanidad.

Por otro lado, buscábamos proporcionar unos criterios generales, pero también indicábamos la necesidad de una individualización. Queríamos huir de la tendencia del ámbito anglosajón, en el que se establecen unas tablas con unos criterios y unas puntuaciones, que son las que deciden si accedes a la planta de la UCI o no. Eso supone una deshumanización tremenda.

«No individualizar los criterios generales supone una deshumanización tremenda»

Aquí apostamos por la individualización; una vez comprobada la concurrencia de las premisas clínicas generales previas, el o la médico debe analizar la situación clínica específica de su paciente y no excluir a nadie por un criterio que no fuera exclusivamente médico.

¿Cree que se ha respetado el documento también con el personal sanitario? Garantizar su seguridad dotando de material, pruebas de PCR,…

En el informe nos ocupábamos también de esa cuestión tan relevante. Debía garantizarse la disponibilidad de equipos de protección individual homologados para todos los colectivos profesionales implicados en la lucha en primera línea contra la pandemia SARS-CoV-2, incluyendo en primer lugar a los profesionales de los centros sanitarios, pero también a los agentes de las policías, miembros del ejército, etc.. Esta exigencia tardó en hacerse realidad y somos deudores del sacrificio, incluso con sus vidas, que realizaron estos profesionales.

Extraña, cuando menos, que el Ministerio de Sanidad no se hiciera eco del informe y que, simplemente, lo colgara de manera discreta en la web que tenía destinada a la COVID.

Sí… no entendí bien por qué no se difundió con la publicidad que requería y que contribuiría a que se conociera mejor. Tenían tanta urgencia y luego tardaron dos días en hacerlo público y, cuando lo hicieron, lo hicieron de manera discreta. En fin… La paradoja es que ha sido en las últimas semanas cuando se ha divulgado este informe por parte de las autoridades. Finalmente, lo atribuí al temor a generar más roces con las comunidades autónomas y con los profesionales de la salud y sus sociedades científicas.

¿El informe cumplió su objetivo?

Pienso que en gran medida sí… Creo que marcó un antes y un después; sobre todo en grandes concentraciones de población, como Barcelona y Madrid. También creo que llegó a tiempo a quienes tenía que llegar, el personal sanitario que debía tomar las decisiones; eso cambió la manera de trabajar de los hospitales, al disponer ya de una referencia más clara y unificada sobre la adopción de medidas de priorización. Se acabó con la incipiente exclusión en algunos hospitales de personas mayores contagiadas graves cuando llegaban a ellos.

Bueno, al parecer en las residencias de algunas comunidades, no tanto…

Sí, por mucho que el informe dijera lo que dijera, en algunas residencias continuó la confusión; no sabían qué hacer, pues al parecer tampoco se autorizaba el traslado de sus ancianos enfermos a los hospitales; una responsabilidad, al menos política, que personalmente considero que era compartida entre la vicepresidencia del Gobierno y algunas comunidades autónomas.

¿Cree que no ha habido fluidez entre las distintas administraciones?

No, sobre todo al inicio de la pandemia. Creo que se han producido errores de bulto en la colaboración interinstitucional. No es normal que unos hospitales de algunas comunidades autónomas hayan estado colapsados, sin posibilidad de internar en las UCIs a sus pacientes, y que en otras comunidades colindantes estuvieran con camas vacías. Es una paradoja… creo que no funcionaron bien. No obstante, se ha aprendido la lección sobre la necesidad de coordinarse mejor en algunas materias y en situaciones de emergencia como ésta, lo que se refleja en una manifiesta actitud actual de mayor colaboración estatal e interterritorial.

El uso de la mascarilla también fue objeto de debate. Pasó de no ser necesaria a ser imprescindible en algunas ocasiones. ¿Cree que se ha gestionado la crisis con transparencia?

Temas como la mascarilla o las informaciones malintencionadas (las ‘fake news’), son otros de los elementos fundamentales en la gestión de una crisis sanitaria como la vivida. Entiendo que el principio de transparencia es fundamental; con la información que se tiene en cada momento, por supuesto. En el sitio web de EiTB se ha recogido un largo listado de estas noticias, todas ellas curiosas e increíbles, pero en todo caso contrastada su falsedad.

Y, por otro lado, guardando siempre el difícil equilibrio con la irrenunciable libertad de expresión, una de las bases del estado democrático y plural, se debe tratar de cerrar las ventanas de información no contrastadas, las autoridades tienen la obligación de neutralizar, corregir la información errónea malintencionada que aparece en los medios y las redes sociales. En general, así se ha procedido.

¿Cree que hubo responsabilidad en la concesión del permiso de manifestación 8M?

De haberla, fue una responsabilidad política, no jurídica. Aunque no parece justificable también hay que asumir que son comprensibles los errores en los que se incurrió, no hay que profundizar en ellos en sí mismos, ni quedarse en eso en una crisis con tantas cuestiones imprevisibles; lo que las autoridades deben hacer es tomar nota de lo ocurrido, debemos aprender de ello.

«Hay una obligación moral y legal de estar preparados para hacer frente a la pandemia»

Hay una obligación moral y legal de estar preparados por si vuelve a ocurrir o se intensifica de nuevo esta pandemia: aprovisionarse de material, tener posibilidad de ampliar rápidamente el número de UCIs… y no volver a caer en el error. Pero ese deber también es responsabilidad de los ciudadanos en sus relaciones con los demás.

Las autoridades económicas advierten de una nueva recesión. ¿Cree necesario elaborar un documento que subraye los aspectos éticos, las líneas rojas, que se deben respetar para salir de ella sin provocar dramas personales como en la anterior crisis?

Eso lo tienen que establecer en primer lugar los llamados agentes sociales, de modo que la recesión se distribuya entre toda la población de forma equitativa. Entiendo que el papel del Gobierno en estos acuerdos es actuar como moderador y ser parte de la solución, no del problema. Esto significa no volver a hacer recaer el peso económico de esta muy grave, pero esperemos que breve crisis, en un solo sector de la población, como ocurrió en la anterior. Y evitar los fraudes en el acceso a ayudas, tanto individuales como por corporaciones y empresas.

De hecho, el Grupo Europeo de Ética (EGE) publicó una Opinión sobre la necesidad de solidaridad y de confianza entre los Estados del espacio europeo, es decir, de la Unión Europea, a primeros de abril, en relación con la COVID 19. Ya sabemos que, en este ámbito, que es el de nuestro Grupo, es difícil mantener equilibrios entre los intereses no pocas veces divergentes de los estados miembros. Pero la credibilidad y la supervivencia misma de la UE depende de estas convergencias, hoy decisivas para nuestro país y otros más gravemente azotados por la pandemia.