La pandemia ha tenido una clara incidencia entre la población de origen extranjero que llega a la Comunidad Autónoma de Euskadi. A 1 de enero de 2021, había un total de 246.501 personas que habían nacido en el extranjero en Euskadi, 4.777 personas más que el año anterior. Esto supone un retroceso de las llegadas del 75,9% en comparación al periodo 2019-2020, tal y como se desprende de la panorámica ‘El impacto de la COVID-19 sobre las personas de origen extranjero en la CAE’ realizada por Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración.

Por orígenes, este estancamiento de los flujos migratorios no ha afectado a todas las procedencias por igual. Latinoamérica ha sido el área más afectada en términos absolutos, porque durante los últimos años estaba siendo la principal aportante. Así, si entre 2019 y 2020 llegaron a la CAE unas 14.116 personas de dicho origen, entre 2020 y 2021 esta cifra se ha reducido a 3.873 personas, lo que supone un descenso en las llegadas del 72,6%.

En cuanto a la dimensión laboral, con la llegada de la primera ola de la pandemia el volumen de personas extranjeras activas y ocupadas en Euskadi se redujo sustancialmente y aumentó la tasa de paro, como con el resto de la población. A pesar de ello, durante los meses siguientes la población extranjera ha venido experimentando una rápida recuperación, la cual le ha permitido cerrar el año con mejores datos que en 2019. Por género, la COVID-19 ha afectado más a las mujeres extranjeras, en cuyo caso la tasa de paro sigue siendo significativamente superior a la de los hombres.

Profundizando en el periodo de mayor dureza para la población extranjera, entre los meses de febrero y abril de 2020 la afiliación a la Seguridad Social de las personas extranjeras cayó en un 7,8%. En paralelo, durante el mes de abril de 2020 se firmaron 6.225 contratos menos que en febrero (un 59,4% menos), siendo el sector servicios el sector más afectado.

En cuanto a las actitudes de la sociedad vasca, esta ha respondido a la crisis sanitaria, económica y psicosocial provocada por la COVID-19 mostrándose más comprensiva y solidaria hacia las personas en situación crítica y manifestando actitudes más tolerantes hacia la inmigración. En este sentido, ve con buenos ojos que, independientemente de su origen, toda persona que lo necesite pueda recibir asistencia sanitaria (91,0%) o ayudas sociales (65,0%), así como que en caso de necesidad se pueda efectuar una regularización extraordinaria para cubrir puestos de trabajo (72,7%).