Las fechas significadas, como la del 8 de marzo, se pueden utilizar para muchas cosas, pero, sirvan a lo que sirvan, requieren hacer balance. Elegir los ítems o calcular y sopesar estadísticas son tareas complicadas, no sólo porque exigen cierto posicionamiento, sino porque, además, generan ambivalencias. No se puede caer en el pesimismo, pero tampoco en el optimismo; no se puede exacerbar la crítica, pero tampoco se puede dejar pasar las cosas por alto. Resulta entendible, pues, que escribir sobre el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, suscite reticencias y -en mi caso al menos lo admito- cierta pereza. Sin embargo, sucumbir a la desidia ante un tema de igualdad crea problemas de conciencia, así que, sorteando cálculos y ambivalencias, intentaré aportar mi granito de arena.

Gracias a la Dirección de Igualdad de nuestra universidad, encargada de implantar el III Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2019-2022, a sus memorias anuales y a sus informes sobre la igualdad en cifras tenemos acceso a todos los objetivos y las acciones en favor de la igualdad impulsadas por la universidad, así como a la evolución de sus resultados. Los documentos y los datos están ahí, al alcance de cualquiera. Aunque es verdad que la lectura que se pueda hacer de los mismos conlleve una imagen más o menos halagüeña del presente y del futuro de la igualdad en nuestra universidad, de lo que no cabe duda es de que demuestra el esfuerzo de las personas que están ahí por intentar mejorar los resultados. Desde ese reconocimiento, y con la única voluntad de visibilizar aún más el esfuerzo invertido, quizá se podría incorporar en el documento sobre la evolución de la igualdad en cifras la relativa a las denuncias por violencia de género o hacer que esas consten en el Portal de Transparencia de la universidad, tal y como estaba previsto en el apartado 4.1.3. del Plan de Igualdad, y donde –salvo error de lectura por mi parte- no aparecen. Pero, bueno, no nos detengamos en menudencias.

Partiendo de que la selección de datos y cifras sobre aspectos concretos no entraña ningún tipo de valoración sobre el conjunto de la política universitaria (algo, eso último, que está muy lejos del objetivo y del espacio concedido a este texto), en términos de integración numérica creo que merece destacarse la perceptible efectividad de las medidas que usan la técnica de la motivación indirecta. Así se puede entender un aumento en torno al 10 % de mujeres en los últimos 5 años como IP (personal investigador principal) en los proyectos e -imagino- grupos de investigación. Para la reflexión queda el aumento progresivo de matriculación de alumnado femenino en ingeniería que, sin embargo, decrece a la hora de la obtención de la titulación (es decir, el alto grado de abandono de las estudiantes). Una cuestión que no aparece en los informes, pero que por experiencia sé que se plantea recurrentemente, es la aplicación del principio de presencia proporcional de los sexos en los tribunales de tesis (ya no digo en los de oposiciones o en la composición de otros órganos universitarios), que puede llegar a impedir que se formen tribunales compuestos exclusivamente por mujeres. Esa cuestión, que se puede lidiar argumentativamente, se dirá que excede del marco competencial de la UPV/EHU, e incluso del Gobierno Vasco, pero de alguna manera habrá que afrontar situaciones como la que me ha tocado vivir de cerca: que un tribunal de tres varones niegue una beca predoctoral a una alumna con base en el argumento de que el concepto de estereotipo de género es extrajurídico (un argumento erróneo pero que, a la vista está, campa a sus anchas en la cultura hegemónica, con las nefastas consecuencias discriminatorias que se acaban de mencionar). Y la alusión a esa cuestión me lleva al ámbito más importante en el que me gustaría incidir con ocasión de este 8 de marzo.

Medir la igualdad en términos de cifras tiene, qué duda cabe, efectos aparentes de rigor y neutralidad. Cuando se esgrimen números y porcentajes la gente se pliega a la evidencia. Pero el feminismo sabe que, si bien el aumento de la presencia de mujeres en áreas y ámbitos masculinizados constituye un requisito ‘sine qua non’ para la igualdad, no es un requisito ‘per quam’. Estamos cansadas de ver lideresas y mujeres con poder político y económico que no sólo no garantizan políticas feministas, sino que, negando la necesidad de las mismas, actúan contra ellas. No caigamos, pues, en esencialismos que, entre otras cosas, se utilizan para negar protagonismo a los hombres (y, por supuesto, a personas no binarias) en el feminismo cuando, a la vista está, la lucha por la igualdad (de todo tipo) requiere reflexiones interseccionales y alianzas potentes, no sólo para avanzar, sino para no ver cumplidas las amenazas en su contra. Pero dejo la arenga y vuelvo al asunto de la importancia relativa de los números.

No se traducen directamente en una cuestión numérica los objetivos y las acciones previstas en el Eje 1 del Plan de Igualdad de la universidad, relativo a la formación. Por poner un ejemplo: el objetivo 1 de ese eje radica en ‘Fomentar la inclusión de la perspectiva de género y la teoría feminista en el ámbito de la docencia’, previéndose como acción 6 de ese objetivo ‘Introducir en los grados de cada uno de los ámbitos científicos una asignatura piloto semipresencial de carácter optativo e interdisciplinar, en euskera y castellano, en la que se trabaje de manera específica la perspectiva de género’. Que yo sepa –ojalá me confunda- esa acción, que difícilmente puede tildarse de extremista (recordemos que se trata de una asignatura optativa) no se ha implementado hasta el momento. ¿Por qué? Creo que la comunidad universitaria se merece una respuesta a esa cuestión en términos no estrictamente económicos (es decir, de penuria que, como ya sabemos, es endémica).

La revisión de las materias y de los planes de estudio de todas las disciplinas es –me atrevería a decir- el nudo gordiano de la igualdad. No por nada el feminismo ha batallado para que en nuestra legislación se incluyera la obligación de dicha revisión por parte de la universidad (así el apartado 3 del artículo 3 de la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres, modificada por la 1/2022, de 3 de marzo). ¿Por qué, entonces, tantas reticencias a la misma? Se trata, obviamente, de una pregunta retórica. El meollo de la cuestión no está en la incomodidad que produce la revisión de los programas (algo que, obviamente, tiene su peso) sino en la falta de interés por revisar un modelo de universidad que reproduce un ‘statu quo’ basado en la desigualdad (es decir, sexista, clasista, racista, homófobo, tránsfobo, capacitista, etc.) que está amparado por el velo -falso, pero protector- de la neutralidad del saber. Por lo tanto, tomarse en serio la igualdad significa promover un cambio de paradigma sobre el papel de la universidad en la lucha contra las injusticias que, a la vista está, queda por diseñar y, sobre todo, por asumir. Para no ser tildada de concluir mi escrito con propuestas grandilocuentes, me atrevo con una sugerencia sencilla: que en todas las facultades y cursos se inicie el año académico con un acto en el que esté presente el alumnado y el profesorado (por supuesto, con invitación al PAS) en el que se hagan dos cosas: a) ofrecer un repaso informativo sobre la desigualdad de género en intersección con el resto de desigualdades sociales enmarcadas en sus correspondientes sistemas de poder (con sus violencias-nexo); y b) interpelar al profesorado sobre su implicación, a través de la materia que imparte, en su eliminación.

En definitiva, celebremos el 8 de marzo por la integración de la revisión feminista en todas las disciplinas universitarias y reivindiquemos con ello –ni más ni menos que- el cumplimiento de la ley.