El anticipo de la extra realizado por la UPV/EHU a favor de sus trabajadores no constituye delito

"No hubo ningún delito en mi defensa de los derechos de los trabajadores", así de rotundo se ha manifestado el rector de la UPV/EHU, Iñaki Goirizelaia, al conocer el auto judicial que le exime de toda responsabilidad por haber abonado en diciembre de 2012 un anticipo de nómina correspondiente a junio de 2013.

La resolución judicial, emitida por el Juzgado nº 4 de Primera Instancia e Instrucción de Getxo, también se muestra, en su breve exposición, contundente a este respecto. "No ha quedado acreditada la perpetración de una infracción penal", asegura el órgano judicial. A continuación afirma que, a la vista de la documentación que obra en autos y de las manifestaciones vertidas por el imputado, se desprende "la más absoluta falta de elementos que determinen, aunque fuera de forma indiciaria, la comisión de hecho delictivo alguno por el Sr. Goirizelaia".

Las diligencias previas, activadas para la comprobación del posible delito, eran fruto de la denuncia realizada por un miembro del Consejo de Gobierno de la UPV/EHU, que atribuía al rector la comisión de un "delito contra la administración pública". El Juzgado rechazó la condición de perjudicado y de acusación particular de este denunciante, como consecuencia de la estimación de un recurso planteado por la defensa del rector.

La declaración del rector, que supuso su comparecencia en dos ocasiones, julio y noviembre (si bien solo declaró en la última de ellas), en el palacio de justicia de Getxo, y con gran despliegue mediático, se produjo una vez que la Fiscalía, ante la que el denunciante también había presentado su denuncia, archivase las diligencias.

Numerosos colectivos universitarios, desde sindicatos ajenos a la organización a la que pertenecía el denunciante, hasta un nutrido grupo de directores y decanos de centros de la universidad, mostraron en diversas ocasiones su solidaridad pública con el rector. "Consideramos que la denuncia a nuestro rector", decía el manifiesto de directores y decanos, "representa una denuncia contra todos nosotros".

El rector posibilitó en diciembre de 2012 que los trabajadores de la Universidad que así lo desearan percibieran un anticipo de la paga extraordinaria de junio de 2013, con el objeto de que pudieran paliar las consecuencias de la medida adoptada por el Gobierno del Estado de suprimir la paga extraordinaria de diciembre de 2012. Un miembro del Consejo de Gobierno consideró esta medida constitutiva de delito.

A la vista del auto judicial que hoy ha dado a conocer a la institución académica, el rector Goirizelaia ha manifestado su satisfacción personal. "Tenía la convicción moral de haber obrado rectamente, también la solvente información de los servicios jurídicos de la universidad y, junto a ella, la solidaridad de colectivos y cargos públicos muy numerosos de la comunidad universitaria. Pero ahora tengo además la declaración contundente por parte de la justicia de que no hubo la comisión de ningún delito por facilitar el ejercicio del derecho de los trabajadores a que percibieran un anticipo de sus retribuciones. Esto me llena de satisfacción, como rector, y creo que es muy positivo para la institución. Pero también quiero valorarlo en el plano personal: estaba en juego una conducta, un modo de hacer, un sentido de la decencia y de la responsabilidad en el uso de los fondos públicos. Todo ello se hallaba en entredicho y ahora la justicia, sencillamente, ha puesto las cosas y a cada cual en su sitio."