Bajo la ilusión de una sociedad hiperconectada, la digitalización está levantando nuevos muros de exclusión. El grupo de investigación KideON de EHU lleva años analizando estas fracturas, demostrando que la barrera ya no es la falta de dispositivos, sino un laberinto burocrático que exige resituar el papel de la Educación Social hacia la soberanía tecnológica.

La transformación digital ha reconfigurado nuestra manera de interactuar con el mundo. Asumimos con total normalidad que buscar empleo, pedir una cita médica o solicitar una ayuda social son trámites que se resuelven a través de una pantalla. Sin embargo, esta aparente universalidad oculta una realidad mucho más compleja: el acceso a la tecnología no garantiza la igualdad de oportunidades.

Para dar respuesta a esta cuestión y comprender sus dimensiones en nuestro entorno más cercano, el grupo de investigación KideON (vinculado a la Facultad de Educación de Bilbao de la EHU) ha consolidado una línea de trabajo. A través de espacios de reflexión como su Seminario de Igualdad Digital, el equipo aborda el impacto de la digitalización en los colectivos vulnerabilizados desde una perspectiva de derechos y justicia social.

Esta línea de investigación no se queda en el plano teórico, sino que se nutre de trabajo de campo para tomar el pulso al tercer sector social de Euskadi. Un claro ejemplo de esta producción científica es el reciente estudio empírico desarrollado en el seno del grupo gracias a una beca de colaboración Ikasiker. Este trabajo, materializado en el Trabajo de Fin de Grado de la investigadora Andere Salcedo Roque bajo la dirección de la profesora Itziar Kerexeta Brazal, ha permitido aportar datos rigurosos y actualizados que respaldan las tesis del equipo.

Mediante un diseño metodológico mixto, avalado por el Comité de Ética de las Investigaciones con Seres Humanos (CEISH) de la EHU, se han analizado las experiencias de 63 profesionales de la intervención socioeducativa y personas usuarias de los servicios sociales. Los resultados obtenidos por el equipo cuestionan el éxito de los actuales modelos de administración electrónica e interpelan directamente a la disciplina de la Educación Social, exigiendo un enfoque crítico y transformador.

La barrera ya no es el dispositivo, sino el laberinto administrativo

Históricamente, el debate sobre la brecha digital se ha centrado en la carencia material, es decir, en la falta de un ordenador o de conexión a Internet (la llamada "brecha de acceso"). Sin embargo, el marco de trabajo del grupo KideON y los datos recientes son demoledores y certifican un cambio de paradigma: en la muestra analizada, el 100% de los participantes dispone de un teléfono móvil y el 96,8% cuenta con conexión a Internet en su hogar.

La exclusión tecnológica contemporánea se libra en otras dos batallas mucho más sutiles: la brecha de uso (las competencias necesarias para manejar las herramientas) y la brecha de aprovechamiento (la capacidad real de obtener un beneficio tangible de esa tecnología). Como señala el equipo de investigación, conectar a las comunidades no equivale a incluirlas. Las verdaderas barreras son hoy de carácter estructural e institucional. El deficiente diseño de las plataformas públicas y la incomprensión de las jergas administrativas se convierten en muros insalvables. La obligatoriedad de la firma digital o la necesidad de recordar claves generan una frustración inmensa, resumida a la perfección en el lamento de uno de los participantes del estudio: "tantas contraseñas...". Todo ello evidencia un reto mayúsculo frente a normativas como la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), que consagra el derecho a un acceso digital universal y en condiciones de equidad, obligando a las instituciones a no dejar a nadie atrás.

Ante la dificultad de las gestiones administrativas electrónicas, y al no disponer de las herramientas necesarias para sortearlo de manera autónoma, las personas acuden a sus redes de apoyo primarias, es decir, a sus familiares y amistades. Si bien esta red informal actúa como un salvavidas a corto plazo, el grupo KideON plantea una advertencia: la dependencia perpetua del entorno primario no fomenta la autonomía y el  aprendizaje, sino que  cronifica la dependencia. Que una hija o un nieto solucionen un trámite bancario o administrativo limita el desarrollo de habilidades reales y vulnera las capacidades y la privacidad de los datos de la persona afectada.

Frente a esta realidad, emerge la necesidad de estructurar redes de apoyo estables, como reclama uno de los testimonios recogidos en la investigación, se necesitan "cursos y txokos donde poder acudir o llamar en caso de necesidad, en lugar de depender de una hija". A este respecto, cabe mencionar la apuesta que el Ayuntamiento de Bilbao ha realizado con sus puntos de ayuda digital.

La tecnología no es neutral

Desde el equipo de investigación consideramos que la brecha digital es, en el fondo, una brecha social digital, arraigada en desigualdades económicas, culturales y políticas preexistentes. La tecnología amplifica las vulnerabilidades de forma interseccional.

En el caso de las personas mayores, el principal obstáculo no es una incapacidad intrínseca para aprender, sino el pánico inducido por el propio entorno digital. El miedo a sufrir fraudes o a cometer errores irrevocables frente al banco coarta su participación ciudadana. En el caso de las personas migrantes además de la falta de comprensión de jerga y procesos, distribución de responsabilidadades institucionales, el idioma genera un obstáculo que en entornos digitales se convierte en insalvable. Para las personas con discapacidad, la digitalización posee un enorme potencial de empoderamiento, pero a menudo se convierte en un factor de marginación extrema por la falta de accesibilidad universal de dispositivos y plataformas.

Es necesario tambien mencionar la brecha digital de género. No es un fenómeno aislado o una simple falta de interés, esta fractura es el reflejo de la pobreza de tiempo que sufren las mujeres por la sobrecarga histórica de los cuidados, lo que merma sus oportunidades formativas. A esto se suma el peso de los estereotipos culturales:

"Socialmente siempre se ha visto la informática y las tecnologías como cosa de hombres y considero que por ello algunas mujeres mayores han tenido más limitaciones e incluso menos interés." — Testimonio de una persona participante.

Además, el entorno digital replica y amplifica violencias machistas preexistentes (como el ciberacoso y la ciberviolencia sexual), exigiendo que las políticas de inclusión adopten una perspectiva de género transversal.

El 'Tecnólogo/a Social': Una nueva figura para la intervención

Si las instituciones fallan en el diseño de entornos accesibles y las redes familiares cronifican la dependencia, la respuesta debe articularse desde la intervención profesionalizada. Sin embargo, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han estado históricamente relegadas en las entidades sociales a meras labores de gestión administrativa interna.

El trabajo del grupo KideON y de la disciplina de la Educación Social incide en que la digitalización obliga a incorporar una "capa digital" inherente a todo proceso de acompañamiento. De acuerdo con el Código Deontológico, el profesional tiene el deber de promover una conciencia crítica frente a las condiciones adversas que generan marginación, un mandato que hoy aplica plenamente a los entornos virtuales.

En este contexto, la investigación del equipo se alinea con la emergencia de un nuevo perfil especializado: el "tecnólogo/a social". La función de esta figura no es actuar desde el paternalismo técnico (hacer el trámite por la persona), sino diseñar e implementar soluciones digitales adaptadas, fomentar la autonomía real y liderar la alfabetización tecnológica tanto de los usuarios como de los propios equipos de las entidades del tercer sector.

Soberanía tecnológica

La aportación más disruptiva de la trayectoria investigadora del equipo KideON radica en su lectura crítica del paradigma hegemónico de la digitalización. La tecnología se presenta a menudo bajo un falso manto de neutralidad, pero las grandes plataformas están construidas sobre lógicas de extractivismo de datos y mercantilización de la privacidad.

Bajo este prisma, la investigación nos lanza una interpelación directa a toda la comunidad universitaria: ¿Consiste realmente la inclusión digital en ayudar a una persona en situación de vulnerabilidad a abrirse una cuenta de Gmail?.

La respuesta es que eso solo puede ser el principio. Integrar a individuos vulnerables en sistemas comerciales masivos que explotan sus datos, sin dotarles de herramientas críticas para comprender ese entorno, equivale a convertirlos en usuarios pasivos y sumergirlos en nuevas formas de subordinación.

Por ello, la intervención socioeducativa debe ir un paso más allá y articularse sobre el fomento de la soberanía tecnológica. A nivel individual, esto implica capacitar a las personas para proteger su privacidad y reclamar sus derechos digitales. A nivel colectivo, exige generar espacios para cuestionar a quién entregamos nuestra información e impulsar alternativas descentralizadas, basadas en el software libre y el respeto a la privacidad ciudadana, como el Fediverso, reivindicando como Marta G. Franco lo hace en su libro que “Las redes son nuestras”. O apostando por entornos digitales soberanos, como Francia ha anunciado que hará próximamante.

La verdadera alfabetización digital no radica en dominar una herramienta técnica. Exige asegurar que la tecnología sirva a la emancipación, al pensamiento crítico y a la justicia social de toda la ciudadanía.