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Los acontecimientos actuales (crisis del coronavirus y medidas excepcionales) han supuesto una irrupción sin precedentes del mundo digital en nuestras vidas. Herramientas como el teletrabajo, apenas implantado en escasos sectores, o actividades realizadas de forma telemática, y hasta ahora realizadas de forma esporádica, cobran estos días un inusitado protagonismo. Desde hace un par de décadas las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC, en adelante) están intentando instalarse, no sin pocas dificultades, en las relaciones entre las autoridades públicas y la ciudadanía. El horizonte de la ciudadanía digital parecía lejano. ¿Ha llegado ya?

La introducción de prácticas telemáticas ha seguido un proceso en el sector público que conviene recordar, distinguiendo algunas fases en su recorrido.

Cuando hablábamos de ciudadanía digital hace una década era difícil visualizar su materialización por la gran cantidad de obstáculos que se le presentaban para la mayoría de la población, tanto desde el punto de vista del acceso (utilización de dispositivos, como un ordenador, y conexión a Internet) como desde el punto de vista del uso (las consiguientes habilidades para manejarse en la red de redes que es Internet). En definitiva, la ciudadanía digital se enfrentaba a las dificultades de una brecha digital que, con el tiempo, han ido cambiando de forma sustancial.

Para poder analizar la evolución de este fenómeno conviene distinguir dos planos: la parte la penetración de las TIC en las instituciones y la evolución del impacto de éstas en la propia ciudadanía.

En la década que va del año 2000 al 2010, las instituciones públicas de nuestro entorno buscaron estar presentes en Internet e ir adaptando sus servicios a un formato digital, al principio de forma voluntarista. Después, a partir de la ley 11/2007 de acceso electrónico (ahora Ley 39/2015), todas las administraciones públicas quedaban obligadas a proporcionar servicios públicos electrónicos y, a la inversa, la ciudadanía podía exigirlos. Hay que señalar, sin embargo, que esta transformación de las administraciones públicas no siempre estuvo acompañada por un elevado uso de dichos servicios: aunque algunos colectivos (como el educativo) quedaban obligados a su uso, la administración seguía alejada de la ciudadanía.

En la siguiente etapa (hasta 2015 aproximadamente), las administraciones públicas (que seguían absorbiendo, en la medida de sus posibilidades, las innovaciones tecnológicas) trataron de sumarse al uso de las redes sociales, principalmente en Twitter y en Youtube, para acercarse más eficazmente a la ciudadanía. En la mayoría de los casos, estas prácticas (voluntaristas y bienintencionadas, promovidas por personas entusiastas de dichas herramientas) adolecían de ausencia de una adecuada planificación, sin definición de objetivos ni estrategia al respecto. Por ejemplo, en la administración ministerial española, la presencia en Twitter y en Youtube se hizo mayoritaria para todos los ministerios en 2010-2011.

Desde 2015 hasta la actualidad, se están poniendo en marcha nuevas formas experimentales de relación entre las administraciones públicas y la ciudadanía. En ello ha influido poderosamente la fuerte penetración del teléfono móvil con conexión a Internet entre la población. Así, la comunicación a través de este dispositivo se hace atractiva para la administración, ya que gran parte de la población los utiliza. En este sentido, recordemos que en la actualidad nos encontramos en la Comunidad Autónoma Vasca en un nivel de penetración del teléfono móvil de un 96,7 % de la población, mientras que el 89 % de los hogares dispone de acceso a Internet a través de banda ancha (Ontsi, 2019), siendo la nuestra una de las comunidades autónomas con mayor penetración de Internet, después de Madrid y Melilla. El uso de la administración electrónica, en cambio, no está tan implantada; solamente en el 54 % de los hogares se hace uso de ella, mientras que la media nacional está en el 56,6 %.

En esta nueva estrategia de relación con la ciudadanía a través del teléfono móvil, están teniendo más éxito las entidades públicas locales o de proximidad. Se trata de funcionalidades prácticas que abarcan transporte, alquiler de bicicletas, comunicaciones para realizar sugerencias y quejas, etc. En el territorio de la comunidad autónoma han destacado con estas prácticas, principalmente, las capitales de los territorios históricos. En cierta forma, se podría decir que “compiten” entre ellas por obtener notoriedad a este respecto. No obstante, el conocimiento ciudadano de las diferentes aplicaciones a su disposición es aún muy limitado. Por ello, como servicio público, las aplicaciones deben publicitarse debidamente. Es decir, deben darse a conocer a la ciudadanía, que ésta sepa que existen, y promover su uso. Además, deben ser de fácil utilización, gratuitas y de actualización automática. La utilización de este tipo de herramientas, sin embargo, podríamos pensar que va a segmentar a la población, de modo que la población más joven y más formada digitalmente va a poder acceder a ellas más fácilmente que el resto de la población. Algunas personas, incluso, pueden llegar a autoexcluirse de su uso por falta de interés o por considerar complejo su manejo. No cabe duda de que llevar la administración en nuestro bolsillo nos puede facilitar nuestra relación con ella, pero, asimismo, debemos considerar la posible saturación de aplicaciones a las que atender.

Estas iniciativas innovadoras contrastan, por el contrario, con el dato que dábamos más arriba de un uso medio de la administración electrónica. De hecho, a nivel estatal, la ciudadanía opta preferiblemente por el modo presencial cuando se trata de solicitudes y denuncias; mientras que, en casos como la declaración de la renta, el medio de contacto de preferencia es Internet. Esto viene a indicar que la ciudadanía optará por servicios telemáticos o presenciales según el tipo de servicio de que se trate.

Desde el plano de la ciudadanía, lo que podemos señalar es que la penetración de Internet desde sus inicios ha sido exponencial. Ello ha transformado nuestra vida social, laboral, educativa y de ocio. Pero la transformación va más allá de la mera tenencia de dispositivos electrónicos. La ciudadanía está cada vez más empoderada y no precisa de “intermediarios”, sino que “trata” directamente con las autoridades públicas, e incluso forma parte del proceso de las políticas públicas.

No podemos afirmar aún que nos encontremos ante una plena ciudadanía digital, algo que ya se promovía desde los diferentes planes de sociedad de la información europeos (Mesa y Martínez-Monje, 2015). Es cierto, sin embargo, que el grado de alfabetización digital ha ido en aumento, en muchos casos gracias a la labor del denominado Tercer Sector, ya que las autoridades públicas apenas han dedicado esfuerzos a este respecto (con la salvedad de los Kzguneak o telecentros en sus inicios). Sin embargo, a medio plazo, con la incursión de la inteligencia artificial y el Big Data en el sector público puede que lo que ahora vemos como un obstáculo (la brecha digital) pueda ir reduciéndose gracias a mecanismos que no hagan preciso un conocimiento digital sofisticado, sino que sean las máquinas las que “operen” por nosotros; como así ocurre con la teleasistencia, el reconocimiento facial, etc.

En este proceso de goteo continuo de aplicaciones cabe preguntarse si cada nueva aplicación permite un acceso y un uso sin que se generen exclusiones de acuerdo al objetivo de logro de una ciudadanía digital y en correspondencia al carácter universal que ofrecen servicios públicos como la sanidad o la educación. Sin duda, la ciudadanía digital debería formar parte plenamente de los derechos sociales, políticos y civiles que identifican a la ciudadanía en el Estado del Bienestar, dada cada vez más la necesidad e inevitabilidad del uso de las TIC en la relación entre ciudadanía y administración pública. Más allá de la relación de productores de datos y consumidores de aplicaciones que se impone en el capitalismo de las plataformas digitales, la implementación de servicios públicos bajo sistemas digitales tiene ante sí evitar nuevas exclusiones digitales y sociales.

Lo contenido en los párrafos anteriores se corresponde con nuestro pasado más inmediato: el anterior al confinamiento. El panorama que nos encontramos ahora se nos presenta a modo de guion de ciencia ficción. Las autoridades públicas han entrado en una carrera desenfrenada por proporcionar aplicaciones relacionadas con la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 (geolocalizadores para evitar/prevenir contagios, para realizarse auto- diagnósticos, para monitorizar personas enfermas, como asistentes conversacionales para resolver dudas, como fuente de datos de diversos estudios sanitarios y de movilidad social, etc.). En definitiva, estamos ante una explosión de propuestas basadas en una panoplia tecnológica (incluida la inteligencia artificial) que hasta hace solamente unos días nos hubiera parecido impensable. Esta irrupción tecnológica puede solucionarnos muchos problemas y sería insensato no aplicarlas. Sin embargo, el empleo de las mismas nos puede situar ante la disyuntiva libertad-seguridad, como un ‘continum’ por el que nos vemos obligados a movernos. En definitiva, peligra la privacidad. Y peligra la transparencia, tan venerada en todos los ámbitos. ¿Hasta qué punto el Bigdata es transparente? Sin duda hay que estar atentos a estas cuestiones. Nos va mucho en ello.

Esta etapa de excepcionalidad que se está viviendo de forma casi global por la pandemia sanitaria declarada marcará un antes y un después en el manejo de las herramientas digitales y telemáticas mediante la aplicación de éstas a prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida. Será un buen testeo de su idoneidad o de falta de la misma, comprobando qué ámbitos no alcanza y en qué aspectos no produce resultados satisfactorios.

Bibliografía

Mesa del Olmo, Adela y Martínez-Monje, Pedro Manuel (2015): “Directrices e impulso de la inclusión digital desde la Unión Europea”, Revista Española de Ciencia Política, núm.38, pp. 115-134.