Los ciberdelitos mueven ya más dinero que el narcotráfico. De hecho, suponen un coste de casi 600.000 millones de dólares, el 0,8% del PIB mundial, según el nuevo informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) y la empresa antivirus McAfee.

La tipología es de lo más variada y cada año se suman nuevos nombres a esta innovadora delincuencia: intrusiones informáticas, estafas, child grooming, sexting, stalking, suplantación de identidades, falsificaciones,… 

Las dos terceras partes de quienes utilizan servicios online han sido víctimas de alguno

El ciberdelito es un problema que afecta a casi todo el mundo, según este informe del CSIS. De hecho, según afirma, “las dos terceras partes de quienes utilizan servicios online han sido víctimas de alguno”. A ello anima “la baja la probabilidad de ser arrestado o ir a la cárcel”, como destaca el documento, un hecho que es corroborado por diferentes autoridades del Estado, responsables de perseguir este tipo de delincuencia.

El Ministerio de Interior destacaba en su informe “Estudio sobre la Cibercriminalidad en España”, publicado en 2020, que este tipo de delitos han pasado de 92.716 (2016) a 218.302 (2019); esto es, se han incrementado en más de un 235% en solo cuatro años.

Reacción jurídica

“Las nuevas tecnologías hacen posible la comisión de delitos cada vez más complejos”, explica Iker Conal, investigador de este tipo de delincuencia en el Grupo de Investigación Cátedra de Derecho y Genoma Humano de la UPV/EHU. Basta con cuatro desconocidos, uno en Budapest, otra en Gasteiz, en Dublín y Bruselas, para actuar coordinadamente y obtener suculentos beneficios", añade.

“En ocasiones, las leyes van por detrás de la tecnología. A pesar de la frustración que puede suponer la imposibilidad de perseguir ciertos delitos en un momento determinado, bien por una tipificación inexistente, bien porque se ha quedado obsoleta por el desarrollo tecnológico, creo que más adecuado proponer las modificaciones de la normativa tras una profunda reflexión colectiva basada en la razón, antes que lanzarse a desarrollar reformas rápidas con las que contentar a la opinión pública, porque solo dan una falsa sensación de seguridad y, lo que es peor, pueden perjudicar a las personas mediante una utilización inadecuada de las herramientas jurídico penales. Por eso, es tan importante que los mejores expertos de cada especialidad se reúnan en proyectos de investigación que permitan arrojar luz en este sentido”, explica Conal.

El Consejo de Europa vio la necesidad de llevar a cabo una política penal común destinada a prevenir la criminalidad en el ciberespacio, tipificando estos nuevos delitos. En 2001, acordaron para ello en Budapest el Convenio sobre ciberdelincuencia. Establecían así las bases para actualizar los Códigos Penales estatales para hacer frente a la nueva realidad delictiva.

España, en este sentido, “ha venido adaptándose progresivamente a la normativa, tanto internacional como comunitaria, y ha tratado de respetar la tradición jurídico penal, así como las particularidades legales existentes en el propio país, al tiempo que armonizaba su legislación penal con las de los países de su entorno”; explica el investigador de la UPV/EHU.

La Universidad frente a la ciberdelincuencia

Sin embargo, “aunque las bases son firmes, queda aún mucho camino por recorrer”, apunta Conal. Así, en la UPV/EHU son varios los grupos que trabajan en este ámbito. Por lo que se refiere al Grupo de Investigación Cátedra de Derecho y Genoma Humano, con el catedrático Carlos Romeo Casabona como investigador principal, recibió recientemente el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para que aborde el problema desde un enfoque jurídico. En el proyecto de cuatro años colabora la catedrática en Derecho Penal de la Universidad de Zaragoza, María Ángeles Rueda Martín, también una reconocida experta en la materia.

Pionero en el Estado, el proyecto abordará, hasta 2022, las herramientas penales con las que hacer frente la ciberdelincuencia, discutiendo sus aspectos teóricos y recopilando las bases desarrolladas a nivel internacional al respecto.

Como parte de este proyecto, los días 11 y 12 de febrero, celebrarán el I Congreso Interuniversitario de “Ciberseguridad y Ciberdelitos”. A lo largo de dos días, debatirán de manera virtual, sobre la ciberdelincuencia desde un enfoque jurídico y multidisciplinar: su conceptualización, la ciberseguridad tanto en el sector público, como privado; la relación entre esta y los derechos humanos; cómo están respondiendo la UE y el Código Penal español a los ciberdelitos; las ‘fake news’ o la investigación en el proceso penal por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otros.

Este congreso será el primero de los tres que se celebrarán a lo largo de este y el próximo año. “Este proyecto permitirá también acercar la ciberseguridad y la protección frente a los ciberdelitos, en general, a la ciudadanía. Ideas fundamentales como que los ‘hacker’, tal y como ya admite el propio INCIBE, pueden ser, cuando se cumplen ciertos requisitos, aliados frente a los ciberdelitos, permitirán acabar con concepciones ya superadas, pero que siguen formando parte de la cultura popular, como la identificación automática de los “hacker” con los ciberdelincuentes”, destaca Iker Conal.