La Sectorial de Investigación ha manifestado su preocupación por el impacto de las recientes modificaciones legislativas en la contratación de personal investigador, ya que la habitual vinculación de la contratación de éste a la temporalidad y periodicidad de proyectos de ámbito europeo, estatal y autonómico podría significar despidos colectivos y una mayor complejidad en la gestión del personal investigador contratado con cargo a estos fondos. Por este motivo, las universidades del G-9 reclaman una definición más clara de las herramientas de captación y retención del personal investigador que eviten la inseguridad jurídica derivada de la falta de concreción legislativa. 

Por otra parte, la Sectorial hace una evaluación positiva de los recientes reconocimientos laborales en las etapas tempranas de la carrera investigadora. Sin embargo, alerta de los efectos que está teniendo sobre la autonomía universitaria la sucesión de convocatorias infradotadas que obligan a las universidades a destinar fondos propios para su correcta ejecución, menoscabando su autonomía para desplegar políticas científicas, de investigación e innovación propias. Por ello, solicita a los organismos financiadores la compensación de los costes no planificados que las universidades están asumiendo, así como que las convocatorias futuras contemplen la dotación presupuestaria necesaria para hacer frente a las indemnizaciones asociadas a la finalización del contrato.

Por último, respecto a la modificación de la Ley de la Ciencia, las universidades del G-9 consideran que se ha perdido la oportunidad de crear un marco de actuación que facilite la atracción de financiación externa para investigación colaborativa con el entorno económico empresarial y para la transferencia. En esta línea, el grupo confía en que la Ley Orgánica del Sistema Universitario establezca los mecanismos necesarios para revertir esta situación y ofrecer las herramientas necesarias para realizar una eficaz transferencia del conocimiento generado en nuestras universidades.

Grupo 9 de Universidades

El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación conformada por las universidades que son únicas universidades públicas en sus respectivas Comunidades Autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza. La finalidad de la asociación es potenciar las relaciones entre las instituciones universitarias pertenecientes al grupo, a fin de promover, entre otras, la colaboración en actividades docentes e investigadoras de su comunidad universitaria.