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Desahucios hay todos los días: alrededor de 70 de media en el Estado, según el Consejo General del Poder Judicial. Pero este ha sido diferente.

¿Por qué, de los miles de desahucios que se producen cada año, es precisamente este el que ha conseguido sacar a tantas personas a la calle? Probablemente es la suma del caso concreto y de la situación. Respecto al caso concreto: Maricarmen tiene 87 años, una discapacidad reconocida y había vivido en el mismo piso durante 70 años. Al otro lado no había un pequeño propietario en apuros, sino un fondo de inversión. Es difícil imaginar un perfil con menos margen para empezar de nuevo en otro sitio. Pero hay algo más: la imagen. Las cámaras grabando la intervención policial y una mujer vulnerable saliendo en ambulancia.

Sin embargo, el caso por sí solo no explica la reacción. La situación de la vivienda le da el contexto necesario para que una gota colme el vaso. Y el vaso estaba muy lleno. El precio de la vivienda está disparado, por encima de los niveles de la burbuja de 2007. Según el Colegio de Registradores, en Euskadi el metro cuadrado se paga de media a más de 3.600 euros; en Donostia, a más de 6.400. Un piso de 80 metros cuadrados en Donostia supera así el medio millón de euros. Alquilar tampoco es la salida. En Euskadi solo en torno al 15% de las viviendas están en alquiler según Eustat, y ese escaso parque compite con los rentables pisos turísticos. Alquiler poco, malo y caro. No es casualidad que, según el CIS, la vivienda lleve casi un año y medio siendo el primer problema del país para la ciudadanía. Es lo que Nancy Fraser llama «capitalismo caníbal»: un sistema que devora aquello que necesita para sostenerse, empezando por los cuidados y el hogar. El malestar existía mucho antes de Maricarmen; lo que faltaba era un rostro.

A esto se suma que en enero el Congreso rechazó prorrogar el llamado escudo antidesahucios, la protección que permitía suspender los lanzamientos de personas en situación de vulnerabilidad. Con él en vigor, Maricarmen podría haber solicitado esa suspensión. Por eso su desahucio no se vive como una desgracia individual, sino como la consecuencia visible de una decisión política. Y eso convierte la tristeza en indignación.

Es fácil reconocerse en Maricarmen. Es la amama de alguien, la vecina del tercero, la mujer que lleva toda la vida en el barrio. Y su historia es una versión extrema de algo que muchas personas viven cada día: la carta del casero anunciando una subida o la incertidumbre de “hasta cuándo podré estar aquí”. Durante años, ese miedo se ha vivido en privado y con vergüenza, como si no llegar a fin de mes fuera un fracaso personal. Lo que hace un caso como este es, precisamente, convertir un problema íntimo en un malestar compartido.

Todo esto se suma, se acumula y da como resultado una reacción en cadena, multinivel, sostenida y retransmitida. Los medios han ofrecido una cobertura extraordinaria y el debate sobre la vivienda ha llegado al prime time. Pocas veces se ven concentraciones en cuarenta ciudades a la vez, ni las plazas llenas de tiendas de campaña. Y entre quienes duermen en ellas hay muchas personas jóvenes. Esa generación a la que tantas veces reprochamos, con una nostalgia absurda, que solo sabe indignarse desde el móvil. Resulta que el móvil sirvió para convocar, y después bajaron a la plaza. Detrás de todo esto no hay espontaneidad sin más, hay mucho trabajo. En concreto, el del Sindicato de Inquilinas, que lleva casi una década organizando a personas y acompañando desahucio. Esta vez, su trabajo tenía un rostro y su voz se retransmitía en los principales medios de comunicación.

Y la presión ha funcionado, aunque sea parcialmente. Menos de una semana después del desahucio, el Consejo de Ministros ha aprobado dos decretos de vivienda que amplían hasta 2030 la protección frente a desahucios y prorrogan dos años los contratos que vencen antes de 2029. La propia Maricarmen había pedido públicamente su aprobación y los medios le llamaba «el decreto Maricarmen».

No es casualidad que ocurriera tan rápido. Los decretos llevaban meses preparados (debían haberse aprobado en julio), pero faltaba la “ventana de oportunidad”, en palabras del politólogo John Kingdon: los cambios políticos no llegan cuando existe una solución, sino cuando esa solución coincide con un problema visible y un clima político que obliga a actuar. Maricarmen abrió esa ventana. Pero las ventanas también se cierran. Los problemas sociales suelen seguir un “ciclo de atención” (Downs, 1972): un caso dramático los coloca en el centro del debate, la indignación alcanza su pico y, con el tiempo, la atención decae aunque el problema persista. Por eso conviene no confundir un punto de inflexión mediático con uno legislativo. La indignación no vota; los y las diputados/as, sí. Y la historia reciente invita a ser prudentes: apenas una semana antes del desahucio, una propuesta de ley contra los fondos buitre no salió adelante en el Congreso. Los decretos aprobados ahora deben ser convalidados este viernes, y esto no está garantizado. Además, algunos sectores advierten de que son medidas de urgencia, no una respuesta estructural a un problema que lleva años gestándose.

¿Será, entonces, el desahucio de Maricarmen el principio del cambio? La respuesta no está solo en el Congreso. Depende también de si la calle sostiene la presión cuando las cámaras se vayan, y de si somos capaces de recordar que lo que está en juego no es un caso, sino un derecho. La Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada. Pero la vivienda no es solo un techo: es el barrio. Es el derecho a la ciudad, tal y como lo formuló Lefebvre hace casi sesenta años: el derecho a formar parte de ella. Y es, sobre todo, el derecho a habitarla: a quedarse, a envejecer en el lugar donde se ha vivido toda una vida. No podemos afirmar que este caso acabe siendo un punto de inflexión legislativo, pero desde luego ha sido un punto de inflexión social y ha situado la vivienda en el centro del debate público.

Referencias:

Downs, A. (1972). Up and down with ecology: The issue-attention cycle. The Public Interest, 28, 38-50.

Fraser, N. (2023). Capitalismo caníbal. Siglo XXI.

Kingdon, J. W. (1984). Agendas, alternatives, and public policies. Little, Brown.

Lefebvre, H. (2017). El derecho a la ciudad. Capitán Swing.