El Cosejo de Europa ha emitido concretamente seis recomendaciones dirigidas al estado español basándose en el cuarto informe del Comité de Expertos de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales que evalúa su grando de aplicación y cumplimento.

Las seis recomendaciones son las siguientes:
El estado español deberia
1- Modificar el marco legal con el fin de dejar claro que las autoridades judiciales en el ámbito, penal, civil y administrativo de las Comunidades Autónomas puedan llevar a cabo los procedimientos en las lenguas co-oficiales a petición de una de las partes.
2- Seguir implementando medidas legales y prácticas con el fin de asegurar que una proporción adecuada del personal judicial de las Comunidades Autónomas al que se refiere el artículo 9 de la Carta tenga un conocimiento funcional de las lenguas correspondientes.
3- Seguir implementando medidas legales y prácticas con el fin de asegurar la presencia adecuada de las lenguas co-oficiales en la administración central al nivel de las comunidades autónomas.
4- Seguir implementando medidas la presencia de las lenguas co-oficiales en los servicios públicos especialmente en el ámbito sanitario.
5- Asegurar que la oferta de educación trilingüe no afecte negativamente la protección y promoción de las lenguas regionales o minoritarias.
6- Considerar la extensión del reconocimiento de esas lenguas regionales o minoritarias co-oficiales en seis comunidades autónomas, a otras comunidades autónomas siempre y cuando haya un número suficiente de hablantes de las lenguas en cuestión.

Varios son los artículos que se han hecho eco de estas recomendaciones y de lo que suponen. En éste concretamente, ponen el acento en las dos últimas recomendaciones. Respecto a la primera, su implementación supondría el reconocimiento del catalán en el extremo este de Aragón (La Franja) y en Murcia (El Carxe) y del gallego en Castilla y León (Bierzo, Sanabria) y Extremadura (Vale de Xálima).

En cuanto al ámbito educativo como se enuncia en la sexta recomendación, la educación trilingüe en ningún caso debería socavar la protección y promoción de las lenguas minorizadas. Esta recomendación pone así de manifiesto que el Comité ha tenido en cuenta las demandas sociales de los grupos que apoyan la lengua catalana que denunciaban que el sistema trilingüe impulsado por los gobiernos del PP en las Islas Baleares y Valencia afectaba de modo negativo al catalán dentro del sistema escolar.

Según se recoge en el artículo, el informe también hace hincapié en las lenguas que no tienen estatus de co-oficialidad. En relación a ellas, los expertos afirman que en los últimos años ha habido una regresión en la limitada protección de la que gozan el aragonés y el asturiano. De igual manera los expertos declaran que no se han dado pasos para proteger el portugués en Extremadura, el árabe en Ceuta o el leonés en Castilla y León.

En este otro artículo del Consejo de Europa destacan del informe el hecho de que en la mayoría de las comunidades autónomas se requiere un mayor esfuerzo en el ámbito de los medios de comunicación, tanto en los medios impresos como en la radio-televisión, para que haya una cobertura real de todo el territorio. El informe también pide una mayor cooperación a nivel educativo y de medios de comunicación entre las comunidades autónomas donde existen lenguas similares. En relación a las recomendaciones en el ámbito judicial y sanitario, el informe se refiere sobre todo a la situación del País Vasco ya que, según se afirma, la falta de suficiente personal con un nivel funcional de euskera puede causar problemas. Valorando este tema Patxi Baztarrika, viceconsejero de Política Lingüística, ha realizado las siguientes declaraciones "(en el informe) se mencionan explícitamente los ámbitos de ‘justicia, policia, servicios de salud y seguridad social, por la baja proporción de trabajadores que hablan euskera'. De esos cuatro ámbitos los que nos corresponden son concretamente dos: la policía y los servicios de salud; la justicia corresponde principalmente al estado, mientras que la seguridad social le corresponde completamente. Incluso en esos dos campos estamos avanzando, aunque tenemos aún mucho que mejorar.".

Estas recomendaciones nos parecen importantísimas ya que nos hace salir de la dialéctica habitual de los agentes estatales, y ponen de manifiesto que alguien más toma en cuenta las cosas que hay que mejorar, que en este caso hay muchas. En ese sentido, estas recomendaciones suponen un respaldo y un pequeño empujón para aquellos grupos e instituciones que apuestan por la protección de las lenguas pequeñas frente a las grandes y que ven en la diversidad lingüística el valor incalculable que posee.