Por una Irlanda unida, post-“Brexit”

Xabier Ezeizabarrena, Profesor de Derecho Administrativo (UPV/EHU): bcpecsaj@ehu.eus

 

Pasados más de tres años tras el referéndum británico sobre el “Brexit”, el Reino Unido, o una parte del mismo, se aproxima tambaleante a encauzar su salida de la Unión Europea (UE). Las implicaciones son significativamente diferentes entre Inglaterra y Escocia respecto de la cuestión europea. Algo similar sucede con Irlanda del Norte, por cierto, con un 58% de sus votantes favorables a su permanencia en la UE.

La cuestión escocesa, y también el tema irlandés, tienen un doble alcance, interno y europeo, de importantes consecuencias en ambos ámbitos y claramente relacionados entre sí, a la vista de la evidente voluntad de la ciudadanía de Escocia y de Irlanda del Norte de permanecer en la UE con sus derechos y obligaciones.

En el ámbito interno, hay quienes habían advertido durante las últimas décadas de la escasa atención, cuando no manifiesto rechazo, que el proceso europeo suscitaba en algunos sectores de Gran Bretaña. No, por cierto, en Escocia o en Irlanda del Norte, donde se aboga abiertamente por su pertenencia a la Unión Europea con todas las consecuencias. Este aspecto es central en la actualidad, dado que la inminente salida del Reino Unido de la UE justifica la necesidad de consultar a la sociedad escocesa sobre su independencia, si consideramos que su demanda de pertenencia a la UE se mantiene constante y creciente en las últimas décadas y en la actualidad. Un planteamiento perfectamente plausible para dar solución a la situación actual, en el caso irlandés, sería la histórica y ansiada reunificación política de Irlanda.

La cuestión no es sencilla pero, particularmente en los ámbitos más conservadores del Reino Unido, se manifiesta como un auténtico reto o dilema que los políticos británicos y su sociedad necesitan dirimir ahora que su salida de la UE es algo inminente. Obviamente, en dicho proceso, el papel de Irlanda del Norte y su voluntad de permanencia en la UE vuelve a ser fundamental si consideramos que sus ciudadanos son europeos en la actualidad, a todos los efectos, y el acuerdo de viernes santo (“Good Friday Agreement” & Northern Ireland Act, 1998) reconocen el derecho del pueblo irlandés a su reunificación.

Como es conocido, el referéndum celebrado en Escocia en 2014 abogaba por la integración de una Escocia independiente en la UE. Dado que “lo que queda” del Reino Unido ha decidido ubicarse fuera de la UE, el choque político con la voluntad escocesa persiste y requiere, también con naturalidad, el pronunciamiento de la sociedad escocesa como ha anunciado el Scottish National Party liderado por Nicola Sturgeon. El caso de Irlanda del Norte es igualmente paradigmático para el logro de una República de Irlanda unida e integrada en la UE a todos los efectos.

En cualquiera de las diferentes posibilidades abiertas, lo más adecuado es que la UE y sus instituciones se vayan preparando para cualquier eventualidad con el caso británico, evitando vetos y recordando que las ciudadanías de Escocia e Irlanda del Norte ostentan toda una serie de derechos y obligaciones como europeos que quieren ver garantizados. Las instituciones comunitarias ya advirtieron durante 2017 que abrirían la puerta a una Irlanda reunificada tras culminarse el “Brexit”.

A tal fin, los resultados del referéndum de 23-6-2016 sobre el “Brexit” fueron significativos. En Inglaterra, un 53% votó por la salida de la UE y un 47% por seguir en la UE; en Escocia, el 62% votó por seguir en la UE y un 38% abogó por la salida; en Irlanda del Norte, el 58% votó por mantenerse en la UE. Los escoceses son titulares de derechos y obligaciones como ciudadanos comunitarios y quieren mantener dicha condición. También ha sucedido lo mismo en Irlanda del Norte. Creo que tanto al Reino Unido como a la UE, les toca pronunciarse en clave de democracia directa y abierta. Una vez consumada la salida del Reino Unido de la UE, no dejará de resultar curioso que la oficialidad del inglés en la propia UE pueda mantenerse, entre otras razones prácticas, gracias a su cooficialidad constitucional en la República de Irlanda.

Si todo lo anterior es natural en Gran Bretaña por razones de cultura y tradición democráticas y, además, es respetado por la UE, parece evidente que habrá un nuevo referéndum sobre la soberanía de Escocia y que, una de las soluciones a la deriva de Boris Johnson con el “Brexit”, bien pudiera ser una República de Irlanda reunificada, por fin y en paz, dentro de la Unión Europea.

 

UK Supreme Court: Boris Johnson´s suspension of Parliament unlawful

Direct link to the Judgment and main legal arguments:

https://www.theguardian.com/law/2019/sep/24/boris-johnsons-suspension-of-parliament-unlawful-supreme-court-rules-prorogue

 

El reto de proteger los océanos

por Xabier Ezeizabarrena (Profesor de Derecho Ambiental, UPV/EHU): bcpecsaj@ehu.eus

Casi coincidiendo en el tiempo con un nuevo accidente marítimo frente a nuestras costas, no dejan de sucederse las denuncias e imágenes sobre proliferación de residuos en los océanos. Siendo notoria la parte visible de este problema, todavía puede ser más grave, según avisan los expertos, el estado de buena parte de las profundidades en muchos lugares del planeta. Al mismo tiempo, en el Pacífico se observa la deriva sin rumbo de una “isla” flotante de residuos de plástico de dimensiones crecientes y similares al tamaño de Francia, ajena al Derecho Internacional o a cualquier ordenamiento jurídico.

Y si las coincidencias no son meramente casuales, tampoco lo es la tendencia de muchos gobiernos e instituciones internacionales a legislar sin consultar a nadie, sin consensuar medida alguna con quienes mejor conocen los océanos e, incluso, legislando contra la lógica y la peculiaridad de la propia naturaleza marina, desconocedora, obviamente, del concepto político de soberanía.

En general, tanto el Derecho del Mar como los más recientes convenios internacionales en materia ambiental pretenden regular el medio marino y la conservación de sus recursos de manera “uniforme” pero ajena a un medio que desborda con creces cualquier planteamiento territorial o de soberanía estatal. Frente a ello, el marco normativo del mar difícilmente puede ser uniforme, dada la tremenda diversidad del medio marino, de las costas y de sus variados ecosistemas y especies.

La pretensión de uniformidad es tal que, en ocasiones, se ha llegado a trasladar al Derecho interno en el caso de España, con una Ley 41/2010, de Protección del Medio Marino que ha preferido desconocer abiertamente las competencias autonómicas en la materia, al igual que cuestiones municipales de gran importancia para las ciudades costeras en general.

En línea similar, el Derecho Internacional en la materia continúa haciendo hincapié en la protección de los recursos marinos y hábitats en función de su ubicación territorial bajo jurisdicción nacional, algo que choca con la dinámica marina y de protección global de sus recursos naturales. Sería más que bienvenido un intento por evitar que dichos recursos naturales globales sean objeto de patrimonialización. De hecho, por la propia naturaleza y las relaciones de los recursos marinos, el objetivo general de este complejo sector normativo global ha de ser la protección de la biodiversidad marina y de los mares en su conjunto, independientemente de su situación física, pero no necesariamente con medidas uniformes. En este plano, resultaría necesario, igualmente, evitar cláusulas abiertas o reservas estatales que permitan, como sucede en muchos lugares del mundo, la autorización condicionada de vertidos al mar, incluidos los vertidos radiactivos.

En otro plano más propio de la responsabilidad internacional, el Derecho Internacional y Europeo debe avanzar hacia la responsabilidad objetiva de operadores y Administraciones Públicas por posibles incumplimientos e impactos que hagan necesarias actuaciones de restauración en un medio hostil como el mar. De hecho, los Convenios Internacionales sobre Transporte Marítimo de Hidrocarburos ya recogen esta cuestión, pero su aplicación ha sido estrictamente destinada a la reparación económica hasta la fecha.

Y llegada la hora de la responsabilidad por daños al medio marino, resulta imprescindible que el Derecho Internacional abandone la tendencia de sujetar la responsabilidad civil a determinados límites económicos, de manera que los impactos ambientales sean subsanados en su totalidad por quienes los han causado. Tras los casos, entre otros, del “Prestige” en Galicia, el “Erika” frente al Atlántico bretón y el reciente ejemplo del vertido en el Golfo de Bizkaia por parte del buque “Grande América”, deberíamos marcar un antes y un después sobre responsabilidad civil ambiental en defensa del medio marino.

En este mismo contexto, sería necesario elevar igualmente los niveles de protección ambiental y prever posibles conflictos de aplicación de normativas con distintos niveles de protección, en cuyo caso, debería prevalecer la norma que resulte más exigente respecto de la protección ambiental en defensa de los bienes comunes de la naturaleza.

La defensa del medio marino global implica un ejercicio de responsabilidad colectiva en la defensa de los bienes comunes. Dicha defensa redundará, igualmente, en la protección de los derechos que asisten a las comunidades pesqueras tradicionales sobre los recursos del mar. El fenómeno de la globalización económica no debiera encontrar apoyos jurídicos para el expolio de los océanos y, con él, el ahogo social de quienes necesitan del mar para subsistir. En suma, un sector y unos recursos pendientes de reflexión sobre la aplicación efectiva del Derecho Internacional, Europeo e interno destinado a proteger los océanos.

Europa de las regiones y el futuro federal de la UE (nuevo libro editado por Eurobasque)

30 abril 2019, Bilbao, en la Facultad de Económicas de la calle Elkano (UPV/EHU), desde las 10h, Eurobasque presenta el nuevo libro en el que hemos colaborado diferentes autores:

http://www.eurobasque.eus/presentacion-del-libro-europa-las-regiones-futuro-federal-europa-balance-perspectivas-la-gobernanza-multinivel-la-union-europea/

 

Ley Foral 4/2019, de reforma de la Administración Local de Navarra

Adjunto el link a esta importante Ley Foral que reforma y reordena el régimen foral local de Navarra con novedades jurídicas de calado:

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/25/Anuncio-2/

Xabier Ezeizabarrena, Profesor de Derecho Administrativo: bcpecsaj@ehu.eus

 

Ante el uso y abuso del Derecho Penal

Como sabemos desde hace mucho tiempo, en la Iberia hispánica no se puede preguntar o consultar a la población. Ya lo intentó hace años el lehendakari Ibarretxe, y la Generalitat de Catalunya, con distintas fórmulas, en noviembre de 2014 o en octubre de 2017, y las respuestas son similares. En España no cabe un referéndum o una consulta autonómica relacionada con la soberanía. Es más, durante estos días hemos conocido las peticiones de la Fiscalía y la abogacía del Estado con solicitudes de prisión que van desde los 25 años para Junqueras, 17 años para Forcadell y los ‘Jordis’, 16 para los exconsellers del Govern y 11 para Trapero. Ahí es nada. Y, para ello, en esta ocasión, se opta por un Derecho Penal de respuesta ideológica ajeno al sentido común.

Pero la utilización abusiva y extensiva del Código Penal, en esta materia, para buscar la inhabilitación del president de la Generalitat y de diferentes representantes públicos de Catalunya son un paso adicional y un golpe a la separación de poderes. La forma es indiferente; los pretendidos delitos de rebelión y sedición, la inmediata prisión preventiva decretada hace meses y las subsiguientes inhabilitaciones se dan por supuestos en un sistema carente de rigor y garantías en la práctica. En todos estos casos, se utiliza el Derecho Penal contra quienes incomoden políticamente el catecismo de la unidad del Estado. Lo que se hurta es la soberanía del pueblo representada en su corpus social y en las vías de participación directa que debiera garantizar una Constitución moderna. Todo ello a través de las medidas cautelares como herramienta adicional que sirva para hacer desaparecer los derechos fundamentales de determinados representantes públicos.

Los derechos fundamentales que presuntamente nos protegen no pueden ser objeto de concesión por parte del legislador, del ejecutivo o del Poder Judicial. Ni siquiera se requiere un desarrollo legislativo para su libre ejercicio. Derechos unidos a nuestra existencia como personas, inseparables de nuestra identidad, inembargables, imprescriptibles en un Estado de Derecho, salvo restricción específica bajo condena judicial penal o estados excepcionales (artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 55 CE). Por contra, en el Estado de Derecho cautelar que se aplica con estos procedimientos penales, la perspectiva es bien distinta. Cuando el artículo 55 dice que determinados derechos fundamentales sólo pueden «ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o sitio en los términos previstos en la Constitución», se establecen límites infranqueables y un procedimiento concreto para la suspensión de tales derechos que la justicia cautelar española no contempla. Las garantías han vuelto a desaparecer.

Este modelo de justicia cautelar penal en España utiliza las garantías constitucionales a tiempo parcial con lecturas alejadas de su tenor. Se restringen las garantías constitucionales de los exmiembros del Govern y de otros cargos públicos, sin caer en la cuenta de que la restricción de tales derechos es general y está proscrita por la propia Constitución, incluso en el marco de los derechos de participación política (artículo 23). En el sistema constitucional español, la teoría dice que sólo cabe suspender los derechos fundamentales y políticos en base a una condena judicial penal (artículos 21 y 22 o mediante estado de excepción o de sitio ( 55). La práctica es muy diferente.

Desde una perspectiva garantista, el problema de fondo es que debería resultar imposible restringir libertades políticas sin dirimir previamente, y en sentencia penal, eventuales responsabilidades (artículos 9, 10, 21, 22, 23 y 55 de la Constitución). Tanto o más cuando se ha privado a los máximos representantes catalanes de derechos políticos básicos. Tal es el absurdo de la aplicación cautelar y extensiva del Código Penal en España que no pasó el filtro de las garantías en Bélgica y en Alemania. Estas garantías nacieron para defender las opciones ideológicas y en los pagos peninsulares acaban persiguiendo al propio Govern en una visión creativa y ‘kafkiana’ de los delitos de rebelión y sedición que la justicia alemana y belga no dudaron en rechazar. Las conductas por las que se persigue penalmente a los representantes de Catalunya son de evidente perfil político y no atacan a bienes jurídicos dignos de respuesta penal.

En el Derecho Internacional se viene reconociendo que los ejercicios democráticos de consulta a la ciudadanía son algo necesario y natural. Son ejercicios de determinación política que cumplen con las reglas de la democracia moderna, como en los casos de Quebec y Escocia. En ambos casos, con aplicaciones pactadas y negociadas del derecho de libre determinación de los pueblos con el límite indisponible de los Derechos Fundamentales de todas las personas. Resulta imprescindible realizar una relectura del concepto de soberanía, en la medida en que el ejercicio del poder político público ha cambiado sustancialmente en las últimas décadas en la UE, bajo el límite explícito de los Derechos Fundamentales. Esta relectura debiera ser un requisito previo que sigue pendiente en España, para poner al día una democracia que se niega a consultar a la sociedad, persiguiendo penalmente a quien pretenda hacerlo en aplicación de su muy conocida y sacrosanta unidad constitucional. ¡Más democracia y menos Derecho Penal!

Xabier Ezeizabarrena, Profesor de Derecho Administrativo (UPV/EHU): bcpecsaj@ehu.eus

 

Máster en Derecho Ambiental “online” (UPV/EHU)

Este curso 2018/19 nuestro Máster organizado desde la Universidad del País Vasco y la Fundación Asmoz cumple su 22ª edición. La matrícula está abierta para el estudio teórico y práctico de las cuestiones centrales del Derecho Ambiental: Cambio Climático, Derecho Internacional y Europeo, Derecho Comparado, Responsabilidad civil ambiental, Derecho Administrativo, Fracking, Pesquerías, Espacios Naturales, Aguas, Residuos, Energía y Derecho, Evaluación de Impacto,…

Todo un mundo de retos jurídicos para un Derecho en permanente transformación: http://mida.asmoz.org

Email: mida@asmoz.org

Enquiries into Basque identities & Laws

Direct link to the new book published on line by the Oñati International Institute for the Sociology of Law:

http://www.iisj.net/en/publicaciones/identitateak-eta-euskal-zuzenbideak-indagaciones-sobre-identidades-y-derecho-vasco-les

Editors: Joxerramon Bengoetxea. Koordinatzaile laguntzaileak/ Assistant editors: Amane Gogorza, Alexandre Zabalza.

Montañas y riesgo: perspectivas jurídicas (Curso de Verano, EHU, Donostia, 12-13 julio 2018)

Del riesgo en la naturaleza a la naturaleza del riesgo, el curso analizará diversas problemáticas jurídicas sobre las actividades de riesgo en la naturaleza. 12 y 13 de julio en el Palacio de Miramar de Donostia: rescates, responsabilidad civil, guías, casos prácticos, seguros, responsabilidad de la Administración, Derecho Comparado, etc:

https://www.uik.eus/es/las-montanas-y-el-riesgo-perspectivas-juridicas

22ª edición del Máster en Derecho Ambiental (UPV/EHU)

Presentación de la XXII. edición del Máster en Derecho Ambiental los días 15/03/ y 16/03/2018

Los días 15 y 16 de marzo el director y profesor del Máster Máster en Derecho Ambiental de la UPV/EHU, Xabier Ezeizabarrena, realizará la presentación del Máster correspondiente a la edición 2018-2019 en Vitoria-Gasteiz y en Donostia-San Sebastián, en los siguientes horarios:
– 15 de marzo en Vitoria a las 18:50 en la sala 0.6 del Centro de Investigación Micaela Portilla.
– 16 de marzo en Donostia a las 16:10 en el aula 1 del Centro Carlos Santamaría.
Puedes consultar el programa completo de presentaciones en la siguiente página web:
https://www.ehu.eus/es/web/mde/master-astea-2018/informazio-saioak

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