Carlos Santamaría y su obra escrita

 

La tentación lerrouxista

 

El Diario Vasco, 1982-11-21

 

      En su visita al pueblo extremeño de Guadalupe Juan Pablo II formuló un conjunto de principios éticos de la mayor importancia sobre los derechos y deberes del inmigrante ante la sociedad a la que éste trata de incorporarse y que a su vez le recibe como miembro suyo.

      Se trata, como es sabido, de una cuestión de muy difícil y delicado tratamiento, tanto para las regiones emigrantes o «exportadoras» —valga la expresión— como para las que reciben la corriente inmigratoria en su territorio.

      Desde principios de siglo Cataluña y Euskadi se encuentran en este caso, aunque paradójicamente Euskalerria siguió, y, en parte, sigue siendo, en algunas de sus zonas rurales, como las continentales, país emigrante. Así puede decirse que el problema nos afecta por partida doble y que el País Vasco, visto en su conjunto, sufre de ambas «dolencias sociológicas» al mismo tiempo.

      «El emigrante tiene derecho a abandonar el propio país en busca de mejores condiciones de vida» —dice el papa—. Pero «tiene también el derecho de volver a él si lo desea».

      Ahora bien, en el caso más frecuente de que decida quedarse definitivamente asentado en su nueva tierra, el Papa dice que el inmigrante debe «aceptar con lealtad su situación real, exponer su voluntad de permanencia y procurar insertarse en los modos culturales del lugar o región que le acoge».

      Por su parte, la comunidad receptora tiene también importantes deberes respecto al inmigrante. El más fundamental de ellos es el de hacer posible y fácil la efectiva incorporación de éste y de su familia al pueblo y a la tierra que les reciben.

      Pienso que esta doctrina del papa Juan Pablo debiera ser seriamente estudiada aquí, en Euskadi, desarrollada desde distintos puntos de vista y adaptada en términos concretos y eficaces a nuestra situación real.

      En todo caso hay algo que en principio me parece evidente: Nadie tiene derecho a utilizar la penosa situación en que a veces se encuentran los inmigrantes de reciente inserción, para hacer de ellos una fuerza o masa política manejable con fines electorales u otros parecidos.

      El ensayo de estos procedimientos fue realizado a principios de siglo en Cataluña bajo la secreta inspiración de don Segismundo Moret y puede afirmarse sin lugar a duda que la experiencia constituyó un gran fracaso para sus promotores y para su principal actor el brillante señor Lerroux.

      El llamado «lerrouxismo» puede ser una tentación para quienes busquen resultados inmediatos, pero a la larga conduciría a consecuencias catastróficas para los propios «aprendices de brujo». Cualquier conato de utilización del sector inmigrante como caballo de Troya o como quinta columna para destruir por dentro la personalidad cultural del pueblo vasco, no sólo sería —a mi modesto juicio— un tipo de acción contestable desde un punto de vista moral, sino que podría convertirse además en un inmenso error político.

      Necesario es —qué duda cabe— que se defiendan los derechos del inmigrante y, el primero de todos ellos el de su incorporación pacífica, libre y honorable al nuevo medio.

      Por el contrario, querer mantener abierta la «herida sociológica» entre el inmigrante y el inmigrado constituiría una atrocidad como tantas otras de la historia de España.

      A mi modesto juicio nada se lograría de esta manera. La solución deberá consistir en un proceso de asimilación limpio, como el que ha propugnado Juan Pablo II en Guadalupe: un proceso en el que puedan ser integrados todos los valores humanos de que es portador cada hombre y cada mujer inmigrante.

 

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