El informe “Interrupción voluntaria del embarazo en España: situación actual y desafíos pendientes”, elaborado en el marco del proyecto “Desigualdades sociales en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (DESIVE)”, advierte de que el derecho al aborto aún no se traduce en un acceso efectivo, igualitario y libre de obstáculos. El estudio subraya la necesidad de “reforzar la red pública de servicios” y garantizar una atención basada en derechos, “libre de estigmas y discriminaciones”.

Desde 1985, con la aprobación de la conocida Ley de los Supuestos, el aborto ha pasado de ser completamente ilegal a un derecho reconocido por la legislación española. La Ley Orgánica 2/2010 amplió ese marco, permitiendo a las mujeres decidir interrumpir su embarazo voluntariamente dentro de las primeras 14 semanas de gestación, y hasta la semana 22 o sin restricciones en caso de riesgo para la vida de la mujer o del feto.

No obstante, cuatro décadas después, persisten desigualdades territoriales, económicas y sociales que limitan el acceso real a este derecho. El informe, elaborado por un equipo interuniversitario en el que participa la investigadora Aidée Baranda, del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad del País Vasco (EHU), constata que la objeción de conciencia no regulada, la escasez de centros públicos y las diferencias entre comunidades autónomas condicionan profundamente la posibilidad de acceder a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

La investigadora de la EHU Aidée Baranda colabora en el informe que coordina la Universidad de Salamanca

En total, se analizaron más de 80.000 registros estadísticos procedentes del Ministerio de Sanidad, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y fuentes autonómicas sobre interrupciones voluntarias del embarazo entre 2010 y 2022.

“El hecho de que una mujer pueda o no acceder a una interrupción del embarazo sin trabas depende todavía del territorio en el que viva”, destaca Baranda. “Esto vulnera el principio de equidad y penaliza especialmente a las mujeres jóvenes, con menos recursos o residentes en zonas rurales”.

El estudio también pone de relieve que quienes recurren con mayor frecuencia a una IVE son mujeres menores de 25 años, sin pareja estable, con bajo nivel educativo y, en muchos casos, de origen migrante —principalmente de América Latina o África subsahariana—. “Las condiciones materiales de vida, el nivel educativo y la precariedad influyen tanto en el riesgo de embarazo no deseado como en la capacidad de afrontarlo”, explica la investigadora.

Ampliar la oferta pública

Entre los principales retos detectados, el informe señala la importancia de ampliar la oferta pública y gratuita de métodos anticonceptivos, garantizar una educación sexual integral y la detección temprana del embarazo, simplificar los circuitos sanitarios, eliminar barreras administrativas y mejorar la formación del personal sanitario. “Las mujeres no solo necesitan un acceso rápido y seguro —añade Baranda—, sino también un acompañamiento respetuoso, informado y empático que reconozca la complejidad de sus decisiones y experiencias”.

El documento propone, además, reforzar la coordinación entre atención primaria, planificación familiar y hospitales, así como crear un sistema de apoyo postaborto que incluya atención psicológica.

Proyecto DESIVE

El proyecto DESIVE, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y coordinado por la Universidad de Salamanca con la colaboración de la EHU y otras instituciones académicas, busca visibilizar estas desigualdades y avanzar hacia un modelo de atención más justo y equitativo.