Descripción

El viernes, 27 de enero, a las 13:30, en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la UPV/EHU, en San Sebastián, tendrá lugar el acto de inauguración de la Clínica Jurídica por la Justicia Social, que se ha implantado en este curso académico 2016-2017 en el citado centro universitario.

Al acto asistirán Idoia Fernández, vicerrectora de Innovación, Compromiso Social y Acción Cultural de la UPV/EHU; Miren Azkarate, concejala delegada de Cultura, Euskera y Educación del Ayuntamiento de San Sebastián; Agustín Erkizia, vicerrector del campus; Juana Goizueta, decana de la Facultad de Derecho y directora adjunta de la Clínica Jurídica y Maggy Barrère directora de la Clínica Jurídica por la Justicia Social.

Asistirán además al evento la directora de la Administración de Justicia del Gobierno Vasco, Amparo López Antelo; la directora de Emakunde, Miren Izaskun Landaida; la directora de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Miren Elgarresta;  la directora foral de Convivencia y Derechos Humanos, Maribel Vaquero; y María Luisa Aguirretxe, asesora del Ararteko. También tienen previsto su asistencia miembros de la comunidad universitaria, así como representantes de los Colegios de Abogados de Gipuzkoa, Bizkaia y Alava, Unicef Euskadi, Caritas, Eraberean (SOS Racismo, Biltzen, Gehitu), Harresiak Apurtuz, entre otras entidades.

La Clínica Jurídica por la Justicia Social de la UPV/EHU es un modelo de Clínica Jurídica comprometida con los Derechos Humanos y contra la discriminación y que tiene entre sus objetivos: poner en contacto al alumnado de la Facultad de Derecho con casos de personas y grupos que viven situaciones graves de injusticia. A través de la Clínica Jurídica por la Justicia Social el alumnado de la Facultad de Derecho podrá realizar prácticas curriculares o voluntarias así como Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster en los que se hará un especial hincapié en el diseño de estrategias antidiscriminatorias y a través de los mismos se podrá contribuir a la labor que llevan a cabo los Poderes Públicos en sus políticas de Justicia Social, sugiriendo posibles áreas de intervención o de mejora.