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Con el comienzo del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Euskadi se ha despertado el interés por la vigilancia radiológica del medio ambiente. La vigilancia radiológica ambiental es un mecanismo de seguridad y protección que viene de muy lejos en el tiempo.  Si nos fijamos en Europa, en 1957 se firmaron en Roma los tratados de creación de la Comunidad Económica Europea y el de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, llamado Tratado de Euratom. Ese último fue redactado con el objetivo inicial de coordinar los programas de investigación de los estados miembros para la utilización pacífica de la energía nuclear. Hoy en día, la misión de ese tratado es contribuir a crear las condiciones necesarias para el desarrollo de la industria nuclear, además del establecimiento de normas de seguridad sólidas y uniformes para la protección de la población y de los trabajadores, y velar por su aplicación. Concretamente, su artículo 35 requiere que cada estado miembro de la Unión Europea tenga las instalaciones necesarias para controlar permanentemente el nivel de radiactividad de la atmósfera, de las aguas y del suelo, así como la observancia de las normas básicas de protección radiológica.  Además, otorga a la Comisión Europea el derecho a acceder a esas instalaciones para verificar su cumplimiento y eficacia. El Laboratorio de Medidas de Baja Actividad (LMBA) de la UPV/EHU participa en esas actividades de control del nivel de radiactividad en el medio ambiente en España desde 1992.

Pero, más específicamente, ¿para qué sirve la vigilancia radiológica ambiental? Pues tiene varios objetivos: detectar la presencia y vigilar la evolución de los radionucleidos y de los niveles de radiación ambiental; estimar el riesgo radiológico potencial para la población; determinar las causas de posibles incrementos de los niveles radiactivos en el medio ambiente; establecer, en su caso, precauciones y medidas correctoras; y verificar el cumplimiento de los requisitos fijados en las autorizaciones de las instalaciones nucleares y radiactivas.

En ese sentido, en España hay varias redes de vigilancia radiológica ambiental. Por un lado, existen la Red de Alerta a la Radiactividad (RAR), que es una red automática de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, y la Red de Estaciones Automáticas (REA) del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la cual, en el caso del País Vasco y otras comunidades, se ve reforzada con redes autonómicas. Sus objetivos son la vigilancia en tiempo real de la radiactividad en la atmósfera y el seguimiento de la evolución de sucesos que puedan provocar niveles anormales de radiación, atendiendo a situaciones de emergencia.

Por otro lado, es un requisito legal que los titulares de las instalaciones nucleares y las del ciclo del combustible desarrollen sus Programas de Vigilancia Radiológica Ambiental (PVRA) en el entorno de las mismas, incluyendo el muestreo y análisis de muestras, siguiendo las directrices del CSN. Además, tienen que realizar un programa de control de calidad analítico al 5-15 % de esos análisis, el cual es llevado a cabo por un laboratorio independiente.

El diseño de esos programas se realiza para poder valorar el impacto radiológico de la instalación y para ello se estudian sus características y los datos del emplazamiento relativos a su demografía, meteorología, hidrología, usos de la tierra y el agua, así como los hábitos de la población. La mayoría de las muestras se recogen en las principales vías de transferencia de los elementos radiactivos desde el ecosistema a la población. Esas vías son de exposición directa a la población, como la inhalación del aire, la ingestión (de agua potable y alimentos como vegetales, leche, carne, huevos, peces o mariscos) y la radiación directa; o, de exposición indirecta a la población, como el suelo o los sedimentos, que son vías desde las cuales la radiactividad se puede transferir a otras de exposición directa. Los programas incluyen el número y situación de los puntos de muestreo, el tipo y frecuencia de muestras a tomar, las determinaciones analíticas a realizar, y los límites de detección a alcanzar.

Esos programas de vigilancia se adaptan a las distintas etapas y características de la vida de las instalaciones. Así, hay un programa para la fase pre-operacional de cada instalación, otro para la fase operacional, que evalúa el impacto derivado de su funcionamiento, y un último, al finalizar la vida útil de la instalación, para evaluar el impacto de las actividades de desmantelamiento y garantizar la restauración de la zona. Ese último es el que se está desarrollando ahora en el entorno de la central nuclear de Santa María de Garoña.

Adicionalmente, el CSN establece la realización de programas de vigilancia independientes, para confirmar la ejecución de los PVRA y supervisar la calidad de los resultados. Esos programas tienen un alcance aproximado del 5 % de los PVRA de los titulares de las instalaciones y, en ellos, se recogen las mismas muestras en los mismos puntos que el PVRA, pero de forma separada, analizándose en laboratorios distintos a los del programa del titular.

En el caso de la central nuclear de Santa María de Garoña, ese programa, en la fase de desmantelamiento y clausura, se lleva a cabo por la Universidad de León y por el Laboratorio de Medidas de Baja Actividad de la UPV/EHU, dada la especificidad y complejidad analítica de los radionucleidos introducidos en esa fase. Si bien se acaban de remitir los primeros informes de esos análisis, los resultados se irán publicando en la página web del CSN.