El estudio subraya además que la pobreza económica tiene el rostro de las mujeres y de las personas racializadas, a pesar del aumento de los discursos xenófobos y misóginos. Los datos son claros: entre las personas asalariadas que cobran menos de 1.500 euros brutos, el 66,91 % son mujeres, y el 49,67 % son nacidas fuera del territorio. Y contrariamente al tópico de ‘un problema juvenil’, he aquí otro dato significativo: “solo” el 25,84 % de las personas que cobran menos de 1.500 euros son menores de 30 años. Aunque muchos jóvenes sufren la precariedad, la pobreza salarial no es una mera “situación de transición” temporal de acceso al mercado laboral, o un simple ‘empujoncito’; para algunos sectores, se trata de una realidad que condiciona toda la trayectoria vital.

Aquí, es útil el concepto de ‘precariado’ de Guy Standing, no como una etiqueta de moda, sino como una advertencia política. La precariedad no es una escasez o carencia de ingresos, sino que se trata de una condición vital determinada: menor autonomía de decisión, menor seguridad, y menor capacidad de participación pública real. Quien tiene dificultades para llegar a final de mes no solo consume menos, sino que también tiene menos tiempo y energía para participar activamente en la comunidad. Discute menos, se organiza menos y toma más riesgo al hablar públicamente. Más precariedad, menos recursos para gobernar su propia vida y, en consecuencia, menos poder para decidir sobre la vida común.

No es de extrañar, por tanto, que los discursos xenófobos y racistas se difundan entre las personas que tienen menos: ofrecen soluciones sencillas/simplificadas a problemas complejos y presentan como enemigo a la persona con la que compites directamente, no a una tercera persona que obtiene un beneficio de dicha relación.

En este contexto, la mayoría sindical (ELA, LAB, STEILAS, Etxalde, Hiru) ha hecho una petición doble: que el actual SMI (1.221 euros al mes en 14 pagas) se eleve a 1.500 euros, y que su importe se decida aquí mismo, a través de los agentes con mayor representación en el territorio. El debate es económico, pero también político. Por ello, conviene analizar dos críticas principales que suele repetirse a modo de mantra.

 ‘La subida del SMI destruirá empleo y fomentará el cobro en B’

Es un argumento estándar, de sobra conocido, un clásico: el aumento del salario mínimo aumenta los costos laborales, reduce el empleo, y parte de la actividad o desaparece o la empuja hacia la economía no formal. Parece creíble de una manera abstracta, pero esconde dos elementos decisivos: la estructura del mercado de trabajo y la capacidad y (en muchas ocasiones) la voluntad del Estado para hacer cumplir las normas.

En las tareas domésticas, en la hostelería, en los cuidados o algunas profesiones atomizadas, el problema no se centra solo a nivel del SMI. El problema es la debilidad en la ejecución del contrato, incluso cuando existe un contrato por escrito. A menudo, las condiciones dependen de la voluntad de la persona empleadora o de una auditoría efectiva. Y la moralidad individual no puede ser el centro de la política laboral de un país: no es escalable, no es verificable y no protege al personal que no tiene poder de negociación.

Si la inspección es insuficiente, un SMI más alto puede generar tensiones (por ejemplo, no declarar gran parte de los ingresos). Pero la consecuencia lógica no es ‘mejor no subir’, sino reconocer el meollo del problema: sin capacidad de control, cualquier norma laboral corre el riesgo de quedarse en papel mojado, a medio camino entre el deseo y la literatura.

También existe un dato que incomoda a cualquiera, sobre todo a cualquier persona que aprecia el Estado Social de Derecho: En la Comunidad Autónoma del País Vasco, para un mercado laboral de más de 700.000 personas, el hecho de que el número de inspectores de trabajo sea de unas 50 personas demuestra la escasez de recursos, máxime cuando las tareas técnicas del servicio son cada vez más amplias. Aunque la solución no es sencilla, en estas condiciones, existirá un incumplimiento tanto con el SMI de 1.221 euros, como con el  de 1.500 euros. La diferencia es política: Con el SMI bajo, el incumplimiento se normaliza; con el SMI más alto, el conflicto queda a la vista y nos obliga a hablar de la capacidad institucional para hacer cumplir realmente las normas.

Dicho de otro modo, sin romanticismos: Un mercado ‘poco regulado’ no es un mercado libre; en lugar de ello, es un ámbito donde prevalece la ‘ley del más fuerte’, lo que supone una negación del sentido del Derecho del Trabajo y del mismo objetivo: intervenir en el poder de negociación desigual entre las distintas partes, protegiendo a la parte más vulnerable -la clase obrera-. Y entonces se convierte en un debate sobre el SMI: un debate sobre la capacidad de inspeccionar, sancionar y proteger, y sobre la capacidad de trasladar el coste del ajuste de los salarios a otros márgenes.

Evidencia económica: el catastrofismo automático no es una ciencia.

Afirmar o confirmar que todo incremento del salario mínimo destruye el empleo es un eslogan muy simplificado, no una consecuencia científica. La evidencia empírica de las últimas décadas (entre otros, los estudios del Banco de España, una institución poco dado al radicalismo), muestran unos efectos heterogéneos: a menudo un impacto bajo o nulo en el empleo, y a veces unos impactos que dependen de las condiciones sectoriales, del ciclo económico y de la implementación.

No existen leyes naturales que nos obliguen a elegir entre un salario digno y el empleo. De hecho, suelen mencionarse dos tendencias o dinámicas que sugieren justamente lo contrario:

El efecto demanda (el keynesianismo). Si se aumentan los ingresos de quienes más gastan en proporción a sus ingresos, es decir, de las poblaciones o colectivos más precarios, el consumo aumenta proporcionalmente. Además, esta capacidad de gasto adicional se destina a bienes y servicios próximos como la alimentación, la hostelería, los cuidados, el comercio, o el transporte. En los sectores con competencia internacional limitada, esto puede aumentar las ventas de las empresas locales y, en consecuencia, la inversión y el empleo. La clave es evidente: el salario mínimo no es solo un coste para la empresa; también es un ingreso para la sociedad. Y en las economías donde muchas personas viven en el límite, el aumento del sueldo salarial puede reducir el ahogamiento diario que sufre el mercado interior y la dependencia hacia los mercados exteriores, como el turismo y la gentrificación descontrolada.

El efecto oferta (disciplina productiva). Cuando el trabajo asalariado deja de ser muy barato, las empresas pueden verse obligadas a reorganizar los procesos de trabajo, a invertir en formación, a reducir la rotación y a mejorar la productividad si pretenden mantener la rentabilidad. No se trata de filantropía empresarial, sino de presión o incentivo estructural. Y también tiene una virtud, puesto que obliga a competir por vías fuera de la precarización. Lo vamos a explicar añadiendo un poco de ironía, pero con rigor: el aumento salarial obliga a quien quiere enriquecerse con el esfuerzo de las demás personas a ser más imaginativo. Si un modelo de negocio necesita salarios que impiden la aplicación de un salario digno para sobrevivir, tal vez el problema no sea el salario mínimo, sino el propio modelo de negocio.

Si en el caso de un modelo de negocio, la condición para que pueda sobrevivir sea la imposibilidad de poder pagar un salario digno, puede que el problema no sea el nivel del SMI, sino la propia sostenibilidad de ese modelo de negocio.

Visto así, un SMI más alto no es solo una medida ‘social’, sino también una herramienta de política económica: puede fortalecer la demanda interna e impulsar la modernización productiva que a menudo son bloqueados por unos salarios bajos. El salario barato, a menudo, suele ser la anestesia en contra de la innovación: permite seguir sin cambios.

¿Quién decide?

Más allá de la cuantía, el debate tiene una dimensión institucional y democrática. Establecer el SMI no es solo fijar un precio, es también decidir quién define la base de la vida material en un territorio. Y ahí el debate deja de ser técnico para convertirse en político.

El SMI vasco no impediría que otros territorios mejoraran su salario mínimo, sino que demostraría que las normas no son naturales e inalterables, sino que pueden ser adaptadas en base a los intereses de la mayoría social; e incluso que, desde el punto de vista del derecho del trabajo y del Estado Social de Derecho, dicha adaptación puede ser considerada como una obligación. Por tanto, más que una medida puramente corporativa, podría ser un referente: para las personas trabajadoras locales, en especial para las mujeres, las personas jóvenes y las personas racializadas, porque mejoraría de inmediato las condiciones materiales; para quienes están fuera del marco vasco, porque demostraría que es posible luchar por un salario más digno; y para otros sectores precarizados fuera de las relaciones laborales – trabajadores no formales, autónomos precarios o pensionistas, por ejemplo, porque tendrían un referente económico más claro.

Para que la solidaridad internacional no sea un mero eslogan del 1 de mayo, hay que construirla en el día a día y desde abajo hasta arriba. Nuestro objetivo debe ser, más que la rivalidad entre nosotros, aumentar el suelo de los salarios y ampliar los derechos.

Los marcos de negociación que nos igualan desde abajo no nos satisfacen, más aún si al que ya tiene poco le disminuyen la capacidad de organizarse e influir sobre la vida común. Si la unión sirve para paralizar el deterioro, no es una verdadera unidad, sino la dependencia de un modelo de gobernanza obsoleto y anacrónico. ¡Y ya tenemos suficiente de eso!