Hablar de los abusos sexuales contra la infancia es hablar de una herida profunda en nuestra sociedad, demasiado a menudo escondida tras el silencio y la vergüenza. Las cifras recientes, como las recogidas por Save the Children, nos interpelan con fuerza: casi la mitad de los procesos judiciales en España por abusos sexuales afectan a niños y niñas. Y, aun así, sabemos que lo que llega a los tribunales es solo la punta del iceberg. La mayoría de los casos no llegan nunca a ser denunciados atrapados en el silencio, en el miedo o en la falta de confianza en las instituciones.

Desde la universidad sentimos la necesidad de romper ese silencio, de poner palabras y conocimiento allí donde todavía impera el miedo. En nuestro trabajo cotidiano, tanto en la investigación como en la docencia, buscamos abrir espacios de reflexión y formación que permitan reconocer el problema, comprender sus dinámicas y construir herramientas de prevención. No se trata solo de mirar a la infancia como víctimas a proteger, sino de reconocer a niños y niñas como sujetos de derechos, con voz propia y con derecho a crecer en entornos seguros y libres de violencia.

El derecho y la justicia, imprescindibles para reconocer y reparar, llegan tarde y llegan poco. Cuando una situación de abuso se judicializa, detrás suele haber años de sufrimiento silenciado, de señales no vistas, de palabras que nadie escuchó. Esa distancia entre la vivencia de la infancia y la respuesta institucional es un vacío que como sociedad no podemos aceptar.

El contexto social tampoco ayuda. Persisten todavía discursos que minimizan, que relativizan o incluso ponen en duda la palabra de los niños y las niñas. A esto se suma la desconfianza sistemática hacia muchas madres que se atreven a denunciar y a proteger: lejos de ser escuchadas, con frecuencia son cuestionadas, sospechadas de manipulación o incluso acusadas de instrumentalizar a sus hijos. Este descrédito no solo revictimiza a la infancia, sino que erosiona a quienes deberían ser aliadas fundamentales en su protección.

El tabú alrededor de la sexualidad infantil, los estereotipos de género y la falta de confianza hacia las víctimas y hacia las madres protectoras configuran un terreno fértil para que el abuso se perpetúe y se mantenga oculto. Frente a ello, resulta urgente construir un marco cultural y educativo distinto, en el que se legitime la voz de la infancia y se entienda que protegerla no es solo una cuestión privada, sino una responsabilidad colectiva.

Desde la universidad tratamos de aportar una mirada que complemente los datos y los procesos judiciales con una comprensión más amplia del fenómeno. No basta con contabilizar denuncias o sentencias: necesitamos entender cómo se construyen los silencios, qué dinámicas de poder atraviesan las relaciones y qué mecanismos de prevención pueden activarse desde la infancia.

En nuestro trabajo hemos comprobado que hablar de abuso sexual contra la infancia implica también hablar de desigualdad, de relaciones de género marcadas por jerarquías, de la persistencia de estereotipos que colocan a niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad. Reconocer estas estructuras no es un ejercicio teórico, sino una condición necesaria para transformar la manera en que educamos, acompañamos y protegemos.

Creemos firmemente en la fuerza de la educación como herramienta de prevención. Eso significa formar a profesionales capaces de detectar señales tempranas, saber cómo proteger una vez detectadas, sensibilizar a la comunidad educativa para generar entornos seguros y, sobre todo, ofrecer a los propios niños y niñas espacios de confianza donde puedan expresarse y ser escuchadas y escuchados. En esta línea se enmarca, por ejemplo, la formación que impulsamos desde la EHU sobre abusos sexuales contra la infancia, dirigida a alumnado, profesorado y personal universitario.

No se trata solo de transmitir conocimientos, sino de construir prácticas colectivas que rompan con la lógica del secreto y del aislamiento. Cada vez que, en una escuela, en una familia o en una institución se abre un espacio de diálogo sobre estos temas, se está debilitando el terreno en el que los abusos prosperan. La academia, desde su responsabilidad social, tiene que estar al servicio de esa tarea.

La protección de la infancia frente a los abusos sexuales no puede entenderse como una tarea puntual ni como un asunto restringido al ámbito judicial. Es un desafío social de primer orden que nos interpela en todos los espacios: en la familia, en la escuela, en las instituciones, en la comunidad entera.

Crecer en entornos seguros debería ser un derecho incuestionable de cada niño y cada niña, y sin embargo seguimos encontrando resistencias para escuchar su voz, para proteger ante su relato y para apoyar a quienes tratan de protegerlas y protegerlos. Romper con esos patrones exige un cambio cultural profundo: pasar de la sospecha a la confianza, del silencio a la palabra, de la inacción a la responsabilidad compartida.

La universidad tiene aquí una función clave, no solo como generadora de conocimiento, sino como espacio de sensibilización y de formación de futuras generaciones de profesionales. Pero esta tarea no termina en las aulas. Necesitamos comunidades enteras comprometidas con el cuidado y con la garantía de derechos, porque solo desde esa base se pueden prevenir los abusos antes de que ocurran y reparar, de manera justa y humana, cuando ya se han producido.

Hablar de abusos sexuales contra la infancia no es cómodo, pero es necesario. El silencio nunca protege; al contrario, perpetúa la violencia y deja a los niños y niñas víctima en soledad. Poner palabras, abrir espacios de escucha y reconocer su voz son pasos imprescindibles para cambiar esta realidad.

Defender los derechos de la infancia significa asumir que su seguridad y su dignidad no son negociables. No hablamos solo de justicia legal, hablamos de justicia social y de futuro: el de una generación que tiene derecho a crecer libre de violencia.