Este artículo se encuentra publicado originalmente en The Conversation.

¿Sirve para algo parar la Vuelta ciclista a España? ¿Puede la protesta ser compatible con la normalidad? ¿Es legítima la neutralidad en estos tiempos? Son preguntas que el movimiento de protesta ante la masacre que Israel está perpetrando en Gaza ha puesto sobre la mesa y el tablero mediático recientemente.

La ciencia política y la política comparada dan algunas pistas. La primera es que la protesta forma parte del avance democratizador a lo largo de la historia. La segunda es que el éxito de la protesta es esquivo, pero, a menudo, desencadena cambios en la mirada de las poblaciones. La tercera es que cualquier análisis sobre la protesta sirve para interrogarnos sobre nuestra responsabilidad personal ante la realidad.

No se puede entender la democracia sin comprender que el conflicto es parte consustancial del avance en los derechos sociales, políticos y económicos. No se puede entender la política como proceso de mejora de la vida pública sin comprender que los movimientos sociales son agentes legítimos y necesarios.

La política es un proceso cuyo resultado deriva de una correlación de fuerzas entre actores mediadores de intereses (generales o particulares) presentes en la sociedad. De esa correlación emerge un tipo u otro de sistema (más o menos democrático), así como decisiones que obligan. Desde cuestiones generales como los derechos sociales a aspectos particulares como quién participa en un evento deportivo, todo es resultado de una correlación de fuerzas.

En contextos autoritarios, la ausencia de partidos políticos hace que los movimientos sociales sean claves en la transición o cambio de régimen. Son los únicos actores capaces de socavar la legitimación del régimen, sea en Birmania, Portugal o la RDA. El impacto de la protesta siempre se acumula en la memoria, sea en forma de tumultos frente al muro de Berlín, o sea en forma claveles en los fusiles de los militares –Portugal, 1974–.

No es un momento, es un proceso

Pero esos eventos no son espontáneos: son el resultado de la lenta, oculta e inexorable acción de una miríada de colectivos que van limitando la legitimidad de los regímenes autoritarios o de las políticas injustas. Esa es una clave. La protesta no es un momento, sino un proceso.

En los regímenes democráticos, el papel de los movimientos sociales sigue siendo esencial. Y también molesto para los actores con capacidad de influencia. Molestan a los partidos y a los grupos de interés, algunos de ellos con acceso a grandes recursos económicos y capacidad de influencia.

Por ello, para garantizar un equilibrio de los intereses generales sobre los particulares, en democracia se necesita de una sociedad civil sana y organizada en colectivos que apuesten por el avance de los derechos, limiten los intereses particulares y presionen a los decisores públicos.

Así las cosas, la presencia de los movimientos sociales y la protesta está detrás de cualquier avance de derechos. La institucionalización de las políticas de igualdad, los derechos reproductivos, sexuales y cívicos de las mujeres no se pueden entender sin décadas, si no siglos, de lucha feminista, una lucha que toma forma de protestas convencionales, pero también desobedientes.

Su práctica transita entre las estrategias convencionales, regladas y ajustadas al marco legal, y las prácticas disruptivas, orientadas a desestabilizar el orden para llamar atención sobre la injusticia. Por eso, los repertorios de protesta de los movimientos sociales contemplan la ruptura de la norma y la normalidad. Cuando esa ruptura se hace masiva, pone al sistema ante los límites del mantenimiento de aquello que la sociedad asimila como injusto.

De la ‘mili’ al ‘apartheid’

En España, la ‘mili’ –el antiguo servicio militar obligatorio– no desapareció a causa de estrategias como la objeción de conciencia, asimilada por el sistema a través de la prestación social sustitutoria. Es verdad que se apoyó en ese avance asentado en lo normal y lo legal, practicado de forma masiva, pero se precipitó con la ruptura del orden: como consecuencia de una creciente ola desobediente que tenía su expresión en la insumisión de miles de jóvenes al servicio militar. En ese contexto, la correlación de fuerzas que es la política impedía a España presentarse como una democracia avanzada con un ejército de jóvenes en prisión que se negaban a portar las armas.

No cabe duda de que los movimientos sociales son agentes claves en los procesos de democratización y en el avance de la democracia: han hecho tambalear los cimientos del ‘apartheid’, han deslegitimado las políticas de segregación en EE. UU., han permitido el avance de la igualdad de género en España o han provocado la caída de regímenes en países como Taiwan, Nepal, Portugal o Chile.

Pero su éxito no es unívoco. Esos movimientos han provocado cambios culturales, sin impactos inmediatos en el sistema político, como fue el caso de Mayo del 68. Pueden provocar cambios en el gobierno, pero no en el sistema, como sucedió en Chile con el ascenso de Gabriel Boric y el rechazo a la reforma constitucional.

El feminismo o Gaza

También pueden provocar cambios lentos, pero inexorables, que permiten comprender sistemas de dominación, como sucede con el feminismo. Y pueden evidenciar que la normalidad no es una opción cuando se asiste a una de las mayores barbaries de la historia de la humanidad, como está sucediendo en Gaza.

Ello nos lleva a una última reflexión. Más que preguntar si sirve la protesta, la pregunta en nuestro tiempo es si es legítimo no protestar. Decía Erich Fromm que si, en todos los mitos, el origen de la civilización fue resultado de un acto de desobediencia, el final de la civilización puede ser el resultado de un acto de obediencia masiva.

Gaza interpela al mundo y evidencia el abismo del fin de la civilización. Por eso, si el antónimo de la obediencia es la desobediencia, no hay otra salida que la protesta frente a lo intolerable que es la normalidad en un mundo en escombros en el que la neutralidad es complicidad.