“La utilidad social de la actividad investigadora está tomando más valor y más reconocimiento”, afirmaba Irene Ramos, vocal de dirección de ANECA, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, el pasado lunes en la mesa redonda celebrada en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Moderada por el director de Impacto Social de EHU, Ugo Mayor, Ramos participó junto al exministros de universidades Joan Subirats en un encuentro sobre ‘El impacto social: indicador de calidad científica’, que inauguró el rector Joxerramon Bengoetxea y que apuntó desde el inicio los enormes retos a la hora de medir y protocolarizar el impacto social pero que "nos interesa no solo por nuestra vocación de mejorar las condiciones de vida de la sociedad sino también por el hecho de conocer  qué tipo de traslación va a tener en la sociedad”.

¿Pero cómo se mide esa utilidad social? ¿Qué mecanismos tienen tanto las agencias evaluadoras como las personas responsables de las políticas públicas para valorar cómo influye y lo que genera en la sociedad esa actividad científica? Esas fueron las primeras preguntan lanzadas por el director de Impacto Social Ugo Mayor.

Tanto Ramos como Subirats abogaron por la necesidad de trabajar en parámetros adecuados que sirvan en esa medición. De hecho, la ANECA ya lo viene haciendo desde la reforma de 2023 donde en el caso de los sexenios de investigación se tienen en cuenta también los beneficios que aporta, más allá del ámbito académico. En ese sentido, Subirats subrayó que también en Europa se está dando un debate que plantea cómo reforzar la transferencia del conocimiento. “Las reformas de la evaluación de la investigación son reflejo de los cambios a nivel internacional ligado a un cambio cultural que favorecerá más perfiles, contextos y recorridos de investigación y ya estamos viendo efectos de esos cambios” afirmaba Ramos. Porque, como destacaba Subirats, “estamos un poco atrapados en el esquema totalmente copado por muy pocas editoriales. Desde los fondos públicos se paga la investigación, la publicación de estos resultados, y por el acceso abierto a estas publicaciones; estamos ante un sistema muy viciado”. Y apuntaba a que se ha cuadruplicado el número de artículos publicados en revistas científicas: de 1,1 millones en 2002 a 4 millones en 2024, “sin que haya constancia del impacto que tienen”, señalaba. “El nivel de deterioro del sistema actual es muy alto y nos muestra situaciones inexplicables (hay quien ha llegado a publicar tres artículos a la semana y hemos visto los fichajes que se han hecho desde Emiratos). Llevábamos muchos años de deterioro”, decía.

Pero ¿cómo hemos llegado aquí?, se preguntaba el exministro. “Tiene que ver con que se mide lo que es más fácil medir. Toda la estructura de la gestión pública trabajó por la idea del estado evaluador y se pensó en términos de ranking para contrastar las universidades: es útil pero no es lo único para la comparación entre universidades, entre departamentos… Todo ese sistema que permita comparaciones fáciles no capta todo el valor público, llegando a dejar de preguntarte “si eso que se mide es lo único importante”. Por eso reclamó que “cuando hablamos de valor hemos de ser capaces de incorporar otras dimensiones más allá de las métricas clásicas”.

La asesora de dirección de la ANECA explicó que, “se han ido estableciendo una serie de consensos en torno a la dificultad que tiene la captación del impacto: la traslación de cómo generas qué; los lapsos de tiempo necesarios para que fructifique y la importancia del contexto”. Y ante esas dificultades ya se han llevado a cabo varias reformas; de hecho, “desde Europa se resalta que los resultados científicos no tienen valor intrínseco per se; sino cómo los actores externos a la academia hacen uso de ese conocimiento. Según el actor, el momento o contexto varía”. Por eso, decía que ya se están usando otras tendencias que apoyan cómo se ha llegado a ese valor, como la “singularidad de narración justificativa”, que permite a la persona responsable de la investigación relatar, más allá de la métrica, cómo ha incidido o se pretende incidir socialmente con el trabajo de investigación.

De algún modo, la medición del impacto social permitiría salir de lo que Subirats llamó “efecto túnel”. “Existe una deformación en el proceso porque el personal investigador no se dedica al campo de investigación al que pertenece, sino que va a intentar trabajar en aquello que es más fácil de ‘colocar’ en las revistas; una especie de contradicción entre interés-curiosidad científica y la necesidad de obtener resultados”, apuntaba.

Ámbito científico y político

No es un debate nuevo el del impacto social. Europa ya viene trabajando en querer saber qué impacto tienen las investigaciones en las políticas sociales. Es necesario ese cambio de paradigma, apuntaba Subirats, “porque el ámbito de las decisiones públicas trabaja con evidencias, argumentos y capacidad de persuasión”. Apuntaba que es necesaria la colaboración entre el ámbito científico y el político. El ámbito científico ha de incorporar la complejidad que implica la toma de decisiones políticas y el ámbito político, por su parte, la evidencia a la hora de tomar decisiones, “porque si fuera tan sencillo como que la verdad científica es la verdad democrática las decisiones las tomarías los científicos”. Subirats reconocía la complejidad de las decisiones políticas que necesitan también “de la participación de las evidencias científicas, con una dinámica que implique a los agentes de ambas partes”. “Los proyectos europeos exigen que nuestra investigación transcienda el ámbito académico, pero luego no tiene reflejo en los procesos de evaluación a docentes; ¿qué nos queda por hacer desde la universidad para corregir esa disociación entre lo que se pide y lo que se valora?”, preguntó Mayor. Ramos recordó que en las últimas reformas de la ANECA se han incorporado modificaciones tanto de procedimiento como de acreditaciones a cuerpos docentes. Así, explicó que en la valoración de los sexenios la parte de impacto científico computa un 60 % y que se ha puesto el énfasis en la calidad de las aportaciones. “Eso unido a presentar narración e indicios más amplios valdría para consensuar posibles métricas que pueden usarse para valorar el impacto social”, resumió la representante de ANECA.

Ambos ponentes defendieron la necesidad de implicar a los stakeholders en los procesos de investigación, “convertirlos en aliados para que sean receptivos a las evidencias que se generan desde la universidad”, apuntó Subirats. “Si las políticas públicas no son más efectivas el déficit democrático desciende; porque la democracia no solo habla de votar cada 4 años; el déficit democrático tiene que ver con el impacto de las políticas. No es un problema específico de las universidades, lo tenemos que entender desde un ámbito más amplio”. En opinión de Ramos, se ha de pasar de lo que hasta ahora era un “rol puramente receptivo” a formar parte de los procesos y de definición de los problemas de investigación, “de cocreación”. Hay margen de actuación desde los ámbitos públicos en seguir fomentando esa participación: “incentivos, programas de financiación que buscan investigación participativa y con creación de espacios para la investigación en las que se puedan conectar distintos agentes, para que desde lo público se haga uso de lo científico”. De hecho, concluía que, “aunque sería complejo, identificar los beneficiarios podría ser una vía para reconocer los componentes en los que se puede intervenir”.

Inpakta

Una vez finalizada la mesa redonda el director de Impacto Social de EHU anunció que en enero saldrá a la luz el primer número de la revista InpAkta, cuyo número cero se presentó en sociedad el año pasado. Esta revista multidisciplinar que abarca todas las áreas de conocimiento y es de acceso abierto, está apoyada por la EHU, en colaboración con las principales instituciones académicas y científicas de la Euroregión Nouvelle-Aquitania, Euskadi y Navarra. En InpAkta se publican investigaciones originales y con impacto social.