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En los últimos meses el futuro de las pensiones ha acaparado portadas de los medios de comunicación y, como suele ser habitual cuando se toca este tema, con un tono tremendista y apocalíptico. La percepción de que los más jóvenes no disfrutarán de una pensión como sus padres y abuelos parece haberse instalado en el imaginario colectivo. ¿Es correcta esta percepción? ¿Realmente nuestro sistema de pensiones está abocado a una crisis irreversible? Para dar respuesta a estas preguntas conviene empezar señalando qué es exactamente un sistema de pensiones para, en segundo lugar, abordar los problemas que tiene nuestro sistema, así como las soluciones que se han propuesto para superarlos. Mi objetivo final es mostrar que no hay lugar para tanto dramatismo.

Los sistemas de pensiones son “instrumentos” que tienen por objetivo transferir renta desde la población activa hacia la población que por razones de edad ha abandonado el mercado de trabajo. Los dos sistemas más extendidos son el de “capitalización” y el de “reparto”. El primero se basa en el ahorro individual, esto es, los trabajadores, durante sus años laborales, acumulan activos (financieros o reales) que luego venden durante los años de retiro para acceder a la renta que necesitan para cubrir sus necesidades. La pensión a la que acceden está determinada por la suma del ahorro acumulado más la rentabilidad generada por dicho ahorro. En los sistemas de reparto (como el de nuestro país) las pensiones se financian con las cotizaciones que abonan los trabajadores. Las pensiones se calculan de acuerdo con unos parámetros prefijados que tienen en cuenta tanto los salarios por los que se ha cotizado, como el número de años durante los que se ha estado cotizando. A mayor salario y más años cotizados mayores pensiones, si bien el sistema tiene establecida una pensión máxima que solamente se puede superar por medio de las bonificaciones que se obtienen al prolongar la vida laboral por encima de la edad legal de jubilación. Al existir una pensión máxima también existe un salario máximo de cotización. En otras palabras, los trabajadores que perciben salarios por encima de este salario máximo no cotizan por todos sus ingresos.

Pues bien, el envejecimiento de la población es el principal problema al que deberán enfrentarse estos sistemas en las próximas décadas. El envejecimiento, por un lado, eleva el gasto en pensiones, reclamando una mayor transferencia de renta desde la población ocupada (en el supuesto de que se desee mantener el nivel preestablecido de las pensiones) y, por otro, ralentiza la tasa de crecimiento de nuevos trabajadores, con el consiguiente impacto negativo en los ingresos (se supone que los incrementos de productividad no compensan la disminución del número de cotizantes). Es importante insistir en que este problema afecta a los dos sistemas, y no solamente al de reparto, de tal manera que la solución no pasa por un cambio de sistema, como se suele argumentar con excesiva ligereza. En los sistemas de reparto el envejecimiento, si no se hace nada, se presenta en forma de déficit financiero, esto es, el gasto en pensiones es superior a los ingresos que se obtienen con las cotizaciones. En los sistemas de capitalización se presenta en forma de un exceso en la oferta de activos (financieros o reales) sobre una demanda contenida por la menor entrada de nuevos trabajadores. Este desequilibrio presiona a la baja el precio de los activos y, por tanto, la renta que pueden captar los jubilados mediante su venta disminuye. En otras palabras, en este sistema el ajuste es siempre automático y afecta exclusivamente a la renta del jubilado. En el sistema de reparto, sin embargo, los ajustes se pueden distribuir de una manera más equitativa entre trabajadores y pensionistas. Si bien, y como ahora veremos, por el momento estos ajustes se han centrado en el lado del gasto.

En efecto, las reformas acometidas en nuestro país desde mediados de la década de los años ochenta del siglo pasado han ido orientadas a contener el ritmo de crecimiento del gasto modificando los parámetros que determinan la cuantía de la pensión. El cambio más significativo ha consistido en aumentar el número de años trabajados que se computan para el cálculo de la pensión hasta alcanzar los 25 en el año 2022. El efecto de esta medida, si bien puede favorecer a algunos colectivos de trabajadores (como los que entran en desempleo en los últimos años de su vida laboral), es una disminución en la cuantía de la pensión. También se ha elevado la edad legal de jubilación hasta los 67 años y se ha eliminado la actualización de las pensiones en función del IPC. Esta última reforma, no obstante, podría revertirse a tenor de las informaciones aparecidas en los últimos días relativas a un posible acuerdo parlamentario sobre este punto. El resultado combinado de todas estas medidas, si bien ha permitido contener el ritmo de crecimiento del gasto, no ha logrado eliminar el déficit estructural del sistema que, en estos momentos, se estima en aproximadamente 1,5 puntos del PIB.

El diseño de las medidas encaminadas a la eliminación de este déficit es el objetivo de la nueva ronda de negociaciones en la comisión parlamentaria conocida como Pacto de Toledo. Por el momento no se ha llegado a ningún acuerdo, si bien las negociaciones parecen apuntar hacia una nueva línea reformadora: dotar de más recursos financieros al sistema. Hasta hace unos días no estaba clara la manera en que se pensaban obtener dichos recursos, ya que se debatía entre la posibilidad de sacar partidas de gasto del sistema de seguridad social para pasarlas a los presupuestos generales (pensiones de viudedad, por ejemplo) y el establecimiento de un nuevo impuesto destinado a recaudar los ingresos necesarios para cubrir el déficit del sistema. Pues bien, en los últimos días se ha publicitado por parte del gobierno el posible establecimiento de una nueva “tasa digital” dirigida a recaudar estos ingresos. Esta medida aparece recogida en la Ley de Presupuestos Generales para este año, aunque la indefinición sobre la cuantía que se piensa recaudar con esta nueva tasa, así como sobre las empresas que soportarán el impuesto, es todavía significativa. Por el momento, entonces, lo único cierto es que el sistema tiene un déficit estructural, no especialmente dramático, que precisa ser corregido.

A modo de conclusión, se puede señalar que, con la información de la que disponemos en estos momentos, cabe afirmar que el sistema de pensiones no se enfrenta a medio plazo a ninguna crisis irreversible. Las pensiones se podrán pagar, si bien la tasa de reposición que se podrá garantizar (ratio entre la pensión y la media salarial de los últimos cinco años de vida laboral) disminuirá desde el 85% actual (una de las más altas del mundo) hasta tasas en el entorno del 60%.