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El inicio de 2026 está marcado por un endurecimiento de los discursos y prácticas de seguridad en distintos contextos hasta ahora definidos como democráticos. Ejemplos recientes y especialmente controvertidos son los casos de Renée Nicole Good y Alex Pretti, estadounidenses de 37 años, muertos por disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis (Minnesota) el 7 y el 24 de enero de 2026, respectivamente.

A cualquiera de nosotras/os, leer estas noticias nos resulta escalofriante y, a priori, rechazamos contundentemente estas acciones que parecen ejecutarse lejos, en otros contextos. Sin embargo, nos cuesta reconocer dentro las señales peligrosas de cierto espíritu social y prácticas —tanto sociales como institucionales— que suponen un primer paso hacia la aceptación y normalización de ese autoritarismo. Los casos de Renée y Alex no sólo han suscitado debates sobre el uso de la fuerza por parte de agentes migratorios en operaciones internas, sino también sobre las narrativas oficiales, la legitimación de prácticas coercitivas y el impacto de estas dinámicas sobre la percepción de seguridad, la legitimidad institucional y la confianza ciudadana. La criminalización de la inmigración y la normalización del miedo como herramienta política no son fenómenos lejanos ni excepcionales; también nos interpelan aquí y ahora en nuestro propio contexto.

En el último año, barrios de Donostia, Gasteiz y Bilbao han situado también la inseguridad en el centro de la conversación pública, despertando distintas alertas para quienes trabajamos en el ámbito de la convivencia y las relaciones intergrupales. Ese malestar expresado por ciertos sectores no puede obviarse, sino que, muy por el contrario, nos obliga a escucharlo y tratar de discernir el contexto en el que emerge. Expresa emociones reales vinculadas a transformaciones urbanas aceleradas, precariedad habitacional, soledad institucional y deterioro del espacio público. El problema no reside en negar o minimizar esas sensaciones, sino en comprender cómo se interpretan, hacia quién se dirigen y qué políticas se justifican en su nombre.
Es precisamente en ese proceso de interpretación donde el malestar comienza a desplazarse desde lo estructural hacia el marcaje y el señalamiento étnico. En el contexto actual, el malestar social se concentra en la figura del joven magrebí en situación de calle, construido como símbolo de amenaza colectiva y objeto de criminalización mediática, vecinal e institucional, en un clima emocional de inseguridad que favorece explicaciones rápidas —a menudo basadas en correlaciones ilusorias— y legitima respuestas punitivas que desplazan el foco desde las causas estructurales hacia la búsqueda de chivos expiatorios.

Detenidos no es igual a delincuentes: el sesgo de los datos policiales

En los medios de comunicación, se repite con frecuencia que “ha aumentado el número de detenidos extranjeros”, insinuando una relación directa entre inmigración y delincuencia. Sin embargo, un punto de partida necesario para comprender esta cuestión es problematizar la asociación automática entre detención y delincuencia. Las detenciones no miden criminalidad, sino actuación policial: muestran dónde se patrulla, a quién se identifica y quién es objeto de retención preventiva. Informan más sobre los patrones de vigilancia que sobre la comisión real de delitos.

La investigación previa muestra que los jóvenes magrebíes están sobrerrepresentados en controles, retenciones y detenciones sin condena posterior, mientras su tasa de condenas es inferior a lo que sugieren estas estadísticas (ver García España, 2017). Además, los estudios comparados muestran que la variable migratoria no aparece como predictor de criminalidad cuando se incluyen factores como el género, la edad o indicadores de exclusión social (Bell et al, 2013; Bianchi et al, 2012; Borrego et al, 2012; Martínez y Lee, 2004; Sampson, 2007, entre otros). En nuestro propio contexto, y de acuerdo a las cifras registradas en el Sistema Estadístico de Criminalidad (SIC) de detenciones y personas investigadas por comunidades autónomas, las tasas delictivas se han mantenido estables o descendido en las últimas décadas, pese al aumento de la población migrante.

Publicar cifras de detención “por origen” sin explicar estas limitaciones no es transparencia, sino que supone un riesgo grave que puede alimentar lecturas racistas, legitimar políticas punitivas y convertir la estadística en estigmatización. Una transparencia responsable exige contextualizar los datos, explicar qué significan y evitar que la información se utilice para reforzar prejuicios institucionalizados.

El malestar social no siempre coincide con los datos objetivos ni con las causas reales de los problemas que lo originan. Para entender qué está ocurriendo —y qué políticas se están legitimando bajo el término “inseguridad”— es necesario analizar no solamente lo que está ocurriendo en el barrio y qué emociones suscita, sino también los discursos que las alimentan y las condiciones de vida de quienes se han convertido en su diana.

Con este objetivo, el trabajo se ha articulado mediante un ecosistema de colaboración entre el grado de Psicología y el de Criminología, poniendo en relación distintos trabajos de fin de grado y de máster que podrían enriquecerse de la colaboración mutua. Así, reconocer la implicación del profesorado Maddi Caballero y Auxkin Galarraga y la participación activa del estudiantado —Asier Hualde, Irati Guerra, Leire Malagón y Eider Vázquez—, quienes han apostado por la realización de trabajos académicos en la grieta (Arnoso y Sarasola, 2020) — por una formación universitaria y de investigación orientada a la intervención y la transformación social.

Pero sí: la sociedad vasca expresa miedo e inseguridad

Reconocer los sesgos de los datos policiales no implica negar la existencia de miedo o inseguridad percibida. Esa sensación es real y atraviesa a una parte significativa de la población vasca. Los datos de una encuesta realizada a finales de 2025 en la Comunidad Autónoma del País Vasco por nuestro equipo de investigación, con una muestra de 912 personas equilibrada por género, edad y territorio, muestran que más del 60 % de la población declara una elevada preocupación por la inseguridad. Este malestar aparece de forma transversal, independientemente de la edad, el territorio o la identificación ideológica.

Además, casi la mitad de la ciudadanía atribuye este malestar a la presencia de jóvenes migrantes magrebíes, desplazando la atención de las causas estructurales —crisis habitacional, sinhogarismo o insuficiencia de recursos— hacia una sospecha de carácter étnico que favorece el apoyo a respuestas centradas en el control social. Más específicamente:

• 61,1 % reclama más patrullas en zonas donde haya jóvenes magrebíes,
• 58,3 % respalda limitar o regular más estrictamente su llegada,
• 31,8 % ve legítimas las “patrullas vecinales”.

Además de lo alarmante de estos datos, lo llamativo es su transversalidad ideológica. Aunque el apoyo es mayor entre personas identificadas con la derecha — éstas apoyan estas soluciones de forma abrumadora (94,1 % a más policía; 71,8 % a patrullas vecinales) — también sectores que se sitúan en la izquierda expresan respaldo a soluciones punitivas (51 % a más policía; 21,9 % a patrullas). La securitización ya no es un discurso exclusivo de posiciones conservadoras: cuando el miedo se convierte en categoría política dominante, incluso imaginarios progresistas adoptan el lenguaje del control. Lo punitivo se vuelve sentido común; lo social aparece como sospechoso, ingenuo o insuficiente. Y aquí tenemos un problema grave: hemos desplazado la lucha contra el empobrecimiento por un discurso securitario. En una sociedad como la vasca, con capacidad histórica para liderar políticas basadas en derechos y cohesión social, estamos normalizando el miedo como respuesta política, justo cuando más necesitaríamos reforzar las garantías sociales.

Redes sociales: del “cuidado vecinal” a la organización del odio

Este clima no surge espontáneamente: se alimenta y amplifica en espacios digitales locales que traducen el malestar en hostilidad organizada. El análisis cualitativo de contenido realizados por nuestro equipo muestra que algunos grupos y páginas en redes sociales como Colaboración Ciudadana Irún o Lo que no te cuentan de Donostia se presentan como iniciativas “para proteger el barrio”, pero difunden rumores, señalan rostros, criminalizan la solidaridad y legitiman discursos de violencia y exclusión.

Los datos muestran que en estos espacios aparecen de forma recurrente expresiones como “hay que limpiar las calles”, “quedaos con las caras” o “adoro los finales felices”, acompañadas de imágenes de armas, navajas o spray de “defensa”, que claramente están induciendo al delito de odio. El miedo se convierte en invitación a la acción punitiva, envuelta en fórmulas defensivas como “yo no soy racista, pero…” y en la nostalgia de “un pasado sin conflicto”, usado para justificar medidas disciplinarias.

Estas prácticas no sólo reflejan indignación vecinal: replican los marcos comunicativos de la extrema derecha, combinando victimización frente a “élites que no hacen nada”, negación estratégica del racismo y llamamientos a que “el pueblo se organice” contra un enemigo interno. Las redes no sólo amplifican el miedo, sino fabrican amenazas, criminalizan la pobreza y convierten la sospecha en identidad pública.

La otra cara de la inseguridad: ser joven, magrebí y vivir en la calle

En los debates sobre inseguridad rara vez se formula una pregunta obvia: ¿qué ocurre con el miedo de quienes son convertidos en amenaza? También los jóvenes magrebíes sienten miedo y, además, de forma especialmente intensa. Se trata de personas que se encuentran en una etapa vital compleja: acaban de emanciparse como adultas tras haber estado, en ocasiones, integradas en el sistema hasta cumplir la mayoría de edad y afrontan una transición marcada por la incertidumbre. Es una etapa difícil que comparten con muchos jóvenes de hoy —nuestros hermanos pequeños, sobrinos, estudiantes—, especialmente hombres jóvenes que experimentan elevados niveles de soledad y crisis identitarias.

Los datos de 15 entrevistas en profundidad realizadas en el marco del estudio de nuestro grupo muestran que las experiencias de los jóvenes magrebíes están atravesadas por el sufrimiento, la desprotección, la soledad y el miedo. Saben que una parte de la sociedad los mira con sospecha, que son insultados, estigmatizados y acusados colectivamente de delitos que no necesariamente han cometido. Como expresa uno de los jóvenes entrevistados: «La gente piensa que todos somos ladrones» (J1, Marruecos). Esta criminalización cotidiana, reforzada por miradas, comentarios y prácticas de exclusión, deja huellas profundas, con efectos especialmente graves en la salud mental.

La vida cotidiana de los jóvenes entrevistados está atravesada por el sinhogarismo, la espera administrativa y la imposibilidad de trabajar. Las condiciones de vida descritas son extremas: dormir en fábricas abandonadas, garajes, cajeros o parques; enfermar por consumir alimentos de la basura; esperar meses —o más de un año— para acceder a un recurso de alojamiento; disponer únicamente de cinco noches de albergue en tres meses; o perder una tienda de campaña sin alternativa. «Estuve durmiendo en un garaje» (J13, Marruecos), relata uno de ellos, mientras otro explica: «Nos han llevado al hospital en ambulancia por comer comida de la basura» (J2, Argelia). La calle no es para estos jóvenes un espacio público: es un campo de resistencia diaria.

A esta precariedad material se suma un estigma permanente. Los jóvenes relatan experiencias reiteradas de hipervigilancia y exclusión: seguimientos en supermercados, miradas de recelo, inspecciones arbitrarias o insultos directos. «Quería comprar pan y querían mirarme la mochila» (J4, Marruecos). La discriminación institucional y el miedo a la policía —controles constantes, insultos racistas, golpes fuera de cámara o desposesión de pertenencias— convierten la calle en un lugar donde se teme tanto al frío como a quien, en teoría, debería garantizar protección; «Me dijeron moro de mierda, me desnudaron y me dejaron en el monte» (J1, Marruecos).

En este contexto, la inseguridad no es únicamente el miedo de quienes perciben una amenaza, sino también la experiencia cotidiana de quienes son construidos como tal en los discursos sociales. Una sociedad no puede considerarse segura si solo protege a quienes temen, y no también a quienes viven permanentemente en el miedo.

Seguridad, policía y ciudadanía

Hablar de seguridad democrática implica reconocer el papel de las instituciones presentes, incluida la policía. La cuestión central no es si debe haber presencia policial, sino qué modelo policial es coherente con una sociedad que se define por los derechos. Una seguridad basada en derechos no puede apoyarse en una policía focalizada exclusivamente en el control selectivo o en la persecución de la pobreza visible. Requiere una policía de proximidad, que trabaje con el barrio y no contra una parte de él; que escuche, que dialogue con comercios, asociaciones y también con quienes viven en la calle; que prevenga agresiones racistas; que distinga entre conflicto y delito; que coopere con los servicios sociales; que se forme en derechos humanos y que rinda cuentas.

Mientras tanto, las redes vecinales, asociaciones y voluntariado han desempeñado un papel fundamental allí donde las instituciones no llegan: repartiendo cenas donde no hay comedores sociales, proporcionando mantas cuando el albergue no alcanza, acompañando en trámites, generando vínculos y escuchando donde solo hay sospecha. Esa labor ha sostenido la convivencia cotidiana, pero no puede ni debe sustituir a los poderes públicos.

Si hablamos de seguridad democrática, la respuesta institucional no puede limitarse al castigo y debe ampliar su repertorio con mediación, justicia restaurativa y mecanismos que reparen el daño y reconstruyan convivencia. Cuando la única respuesta es punitiva, se refuerza la lógica del enemigo. Una seguridad basada en derechos protege y previene, sin expulsar a quienes ya viven en los márgenes.

Sin vínculo no hay ciudadanía compartida

Sin interacción y compartir social no hay ciudadanía compartida. La convivencia no se construye gestionando “el problema” solamente desde arriba, sino reconociendo también entre nosotras que todas las personas que habitamos un barrio — con trayectorias sociales distintas — formamos parte de la misma comunidad. Según nuestra encuesta, hoy, el 72 % de la población vasca no tiene relación significativa con personas magrebíes. Allí, donde no hay vínculo, la imaginación sustituye a la experiencia y el miedo ocupa el lugar del conocimiento. La interacción social desde la empatía y voluntad de comprensión de la experiencia de la potra persona, en cambio, humaniza, rompe estereotipos y ensancha el “nosotros”.

Nuestros datos muestran también que las actitudes más favorables hacia los jóvenes magrebíes aparecen en personas vinculadas a valores de igualdad —feministas, antirracistas, quienes se sienten cerca de la población migrante o quienes tienen trato real con magrebíes—, especialmente entre sectores situados a la izquierda. No se trata de “buena voluntad”, sino de reconocimiento social: cuando compartimos espacios y nos escuchamos, la frontera entre “los de aquí” y “los otros” pierde fuerza y la comunidad se amplía.

Es el momento de mirar hacia dentro de nuestra sociedad con una mirada más crítica y responsable. El riesgo principal no reside únicamente en la pobreza o en la inseguridad, sino en la polarización que enfrenta vecindades que comparten los mismos problemas estructurales: vivienda cara, precariedad juvenil, soledad, recursos saturados e incertidumbre de futuro. Sin espacios comunitarios de diálogo, el miedo se convierte en arma política que divide a quienes deberían cooperar. Solo una ciudadanía que se encuentra, se reconoce y actúa unida puede evitar que el miedo gobierne nuestras relaciones sociales.

Nota: Los datos presentados en este artículo se desarrollarán de forma detallada en los informes elaborados por Arnoso y Bobowik en colaboración con SOS Arrazakeria Gipuzkoa.

Referencias

Arnoso Martínez, M., & Sarasola, M. (2020). En la grieta: Guía para la elaboración de trabajos académicos transformadores. Emaús Fundación Social. https://www.uks.eus/wp-content/uploads/2020/05/UKS_CAST.pdf

Bell, B., Machin, S., & Fasani, F. (2013). Crime and immigration: Evidence from large immigrant waves. Review of Economics and Statistics, 95(4), 1278–1290.

Bianchi, M., Buonanno, P., & Pinotti, P. (2012). Do immigrants cause crime? Journal of the European Economic Association, 10(6), 1318–1347.

Borrego, C. A., Garoupa, N., & Vázquez, P. (2012). Does immigration cause crime? Evidence from Spain. American Law and Economics Review, 14(1), 165–191.

García España, E. (2017). Extranjeros sospechosos, condenados y excondenados: Un mosaico de exclusión. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, (19), 15. http://criminet.ugr.es/recpc/19/recpc19-15.pdf

Martínez, R., & Lee, M. T. (2004). Inmigración y delincuencia. Revista Española de Investigación Criminológica, (1), 1–22. http://www.criminologia.net/pdf/reic/ano2-2004/a22004nota1.pdf

Sampson, R. J. (2007). Rethinking crime and immigration. Contexts, 6(1), 28–33.