El problema de “orden público” en Cataluña en las protestas contra la Sentencia del Tribunal Supremo al procès. Una visión desde Euskadi.

First publication date: 30/10/2019

Joxerramon Bengoetxea
UPV/EHU, coordinador de EhuGune, director del International Master in Sociology of Law


Euskadi y Catalunya no son vasos comunicantes en sentido estricto. Euskadi mira a Catalunya como referente o como indicador. Es referente para el soberanismo, presente en los dos partidos nacionalistas vascos actuales, PNV y EH Bildu, aunque bastante más en éste. Es un indicador para el sector más pactista dentro del nacionalismo vasco, sobre todo en el PNV y en cierta medida, en Podemos, que defiende el derecho a decidir. Históricamente ha habido un cierto paralelismo en los planteamientos políticos de Euskadi y Catalunya desde la II República pero nunca han sido idénticos. En la segunda fase del actual sistema constitucional, desde el segundo mandato, recentralizador, de Aznar en los años 2000, el Parlamento Vasco aprobó la Propuesta de Nuevo Status Político (status asociado) conocido como Plan Ibarretxe. Fue aprobado en el Parlamento Vasco pero rechazado en las Cortes: no se admitió a trámite. Esta propuesta aglutinó al nacionalismo vasco, pero el PNV terminó por apartarla y explorar la vía pactista o “foralista”, avalada por la propia Constitución (DA 1ª), insignificante en Catalunya.Aunque el Plan Ibarretxe no logró el cese de ETA, es posible que a medio plazo tuviera una importante influencia en su posterior disolución.


Cataluña, en cambio, acometió la reforma de su Estatuto, intentando blindar sus competencias y auto-definiéndose como “nación”. Pero este Estatuto fue cercenado en 2010 por el Tribunal Constitucional y esto, unido a la sensación de desempoderamiento económico acentuada con la crisis financiera y las medidas de austeridad, generó una nueva dinámica auto-determinacionista y soberanista en Catalunya que ha intentado, sin éxito, negociar con el Estado la celebración de un referéndum. Ante el rechazo, nace el “procès” como vía política “de hecho”. La vía catalana ha sido pacífica y no-violenta aunque ha optado por la unilateralidad: la celebración del referéndum del 1 Octubre (2017), que fue la culminación de este proceso, pero la respuesta del Estado español han sido las diversas sentencias del TC, la criminalización y encarcelamientos de algunos de sus líderes, la intervención de las cuentas de la Generalitat y la aplicación del artículo 155 de la Constitución cesando a su gobierno y suspendiendo en la práctica la autonomía catalana que fue gobernada directamente desde Madrid. Todo esto provocó una postura política de ”resistencia” y la sentencia del TS condenando a serias penas de prisión a 9 de los 12 imputados por “sedición”, malversación y desobediencia ha generado una respuesta distinta; esta vez ha supuesto un salto cualitativo.


Los acontecimientos de Barcelona de la semana posterior a la sentencia han supuesto un cambio en la percepción social de la evolución política del soberanismo catalán. Da la sensación de que la sentencia del TS sobre el procès ha sido una profecía auto-cumplida: dio por probada la existencia de violencia en los acontecimientos juzgados, principalmente las protestas de 2017 ante la sede de Hacienda el 20 de septiembre y el día del referéndum el 1 de octubre. Lo que ocurre es que a juicio del TS esos episodios de violencia no fueron instrumentales para declarar la independencia y por eso no cumplían el tipo de “rebelión”. Sin embargo, para un observador externo tales acontecimientos no constituyen propiamente una violencia. De hecho, en la respuesta a la sentencia la semana del 14 al 21 de octubre de 2019 sí que se han producido episodios de violencia callejera (nocturna, en torno a la vía Laietana o a la Plaza de Urquinaona). La mayoría de las protestas no han sido violentas sino pacíficas y hasta festivas. Ejemplo de son las cinco marchas a Barcelona organizadas por tsunami democràtic el 18 de octubre o la huelga general. Pero conviene adoptar una perspectiva global sobre estos episodios.


Durante el fin del verano y comienzo del otoño de 2019 se han producido protestas violentas en muchos puntos del planeta: las más llamativas han sido las protestas en Hong Kong (donde se ha mostrado solidaridad con las protestas en Catalunya y con los condenados por el Supremo), pero también en Chile (donde el Presidente llega a declarar que “estamos en guerra”), y en Ecuador. Igualmente se han intensificado las protestas de Extinction Rebellion en el Reino Unido y en Europa en protesta por la inacción ante el cambio climático. En el invierno y primavera de 2019 destacaron en Francia las protestas de los gillets jaunes. Nada de lo ocurrido la semana posterior a la sentencia indica que la violencia que se ha producido en Barcelona sea algo notoriamente distinto. Los episodios de violencia puntual son un problema de “orden público”, evidentemente. Así lo ha expresado el Ministro de Interior español. Pero quedarse en esa simple constatación y darle una respuesta exclusivamente represiva implica no analizar ese problema de orden público desde las ciencias sociales, la criminología y la buena gobernanza. La derecha española ha ido aún más lejos: Pablo Casado, líder del PP, ha pedido instruir los hechos en la Audiencia Nacional, cual si se tratara de terrorismo, y la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, ha exigido la declaración del estado de excepción. Los dirigentes del procès encarcelados se han desmarcado de los altercados callejeros de Barcelona y, con mayor o menor intensidad, todos los políticos soberanistas han insistido en la no-violencia y han condenado los disturbios. Destaca la entrevista de La Vanguardia a Jordi Sánchez, condenado a 9 años como líder de un movimiento ciudadano, publicada el pasado 22 de octubre, con el titular: “debemos erradicar la violencia y volver a la política cuanto antes… La espiral acción-reacción entre policías y manifestantes es terrible”. Pero detrás de los disturbios hay un malestar social y un problema político. Si no se afronta, solo se enquistará el conflicto, como le ocurrió al anterior gobierno de Rajoy y va camino de ocurrirle al actual gobierno de Pedro Sánchez. En palabras de Jordi Sánchez: “quien crea que sólo estamos ante un problema de orden público corre el riesgo de convertir la violencia en estructural.”


En Euskadi hemos vivido la violencia por motivos políticos y, en mi opinión personal, la sociedad vasca, está atenta y preocupada. La simpatía por la causa soberanista catalana es importante, especialmente por su coraje y la no-violencia. La indignación por la sentencia es generalizada en Euskadi en sectores políticos que van más allá del soberanismo. No se excusa la violencia pero se condena la gravedad de la sentencia y la cerrazón del Estado a dialogar. La respuesta represiva del Estado se conocía desde hacía mucho en Euskadi y en Navarra. No es necesario retrotraerse en el tiempo. La Sentencia del Tribunal Supremo en el caso Altsasu se hizo pública escasos días antes de la sentencia al procès. Euskadi vivió su kale borroka, como violencia de intensidad variable, y padeció el terrorismo de ETA, pero también conoció abusos y vulneraciones de los derechos fundamentales en la lucha contra ETA. La sociedad vasca no está por volver a esos episodios, pero conoce perfectamente las carencias democráticas del Estado de derecho español. El nacionalismo vasco tiene que dar el paso adicional de buscar acuerdos transversales en la sociedad vasca (entre soberanismo vasco, foralismo, autonomismo). La relativa moderación de EH Bildu se explica en esta clave: es consciente de esa necesidad de aumentar el apoyo al independentismo. Las reticencias del PNV a entablar alianzas estratégicas con EH Bildu también se pueden leer en clave de competencia y rivalidad políticas, como se ve en el soberanismo catalán donde la lucha por la hegemonía a veces produce fricciones. Pero buscar el consenso entre diferentes se hace esencial y la primera tarea es lograr que el apoyo al derecho a decidir (autodeterminación) se haga más transversal aún. Por ahora solo lo apoya el nacionalismo vasco y el mundo de Podemos, pero lo rechaza el PSE, aunque socialmente sea mayoritario.


El comportamiento electoral en Euskadi en las elecciones generales del 10N, según las encuestas publicadas, no va a cambiar drásticamente respecto de las recientes elecciones del 28A. Esas sí que supusieron un cambio fundamental pues el PP no obtuvo representación, como tampoco Ciudadanos ni Vox: la derecha española no tiene ningún parlamentario elegido en Euskadi. Esta vez puede influir más la crisis interna de Unidas Podemos y la aparición de Más País en Bizkaia, con el riesgo de fragmentación del voto con un efecto favorable al PNV, más por la ley d’Hondt que por el nítido aumento de votos. EH Bildu ha optado por un discurso político constructivo, moderado, pero el PNV ha copado el centro político y el PSE se caracteriza más por su alineamiento con el PSOE y su acomodo a las coaliciones con el PNV, que le conceden un peso institucional que de otra forma difícilmente lograría al ser el cuarto partido en Euskadi. Los resultados en Nafarroa posiblemente se repitan. La única forma de alterar los resultados es sumando fuerzas como han hecho los españolistas con Navarra Suma (UPN, PP y Cs). Pero Geroa Bai, Unidas Podemos y Bildu no se ponen de acuerdo y la ley d’Hondt les castiga por ello. Es posible que Navarra, siendo cuestión de estado, se convierta en moneda de cambio en la formación del próximo gobierno español si se opta por una Grosse Koalition.


En Cataluña las elecciones serán decisivas. La familia convergente parece tener dificultades con el President en el exilio y un president activo que ha reconocido su vocación de activista por encima del cargo institucional, y con líderes importantes en la cárcel. ERC parece que se va a confirmar como primera fuerza, igual que el 28A. La presentación de las CUP puede tener un impacto, pero, en general, el soberanismo catalán expresará su indignación con la sentencia en las urnas. El españolismo o nacionalismo constitucionalista intentará capitalizar el rechazo de una parte de la sociedad catalana hacia el independentismo (PP, Ciudadanos y Vox) y los más moderados dentro del constitucionalismo, PSC y los Comunes previsiblemente perderán fuerza ante la polarización de las posiciones que dejan poco margen a los matices. El comportamiento electoral tendrá nuevamente carácter referendario y pondrá de relieve nuevamente el clamor del pueblo catalán por la auto-determinación. Si el Estado sigue respondiendo exclusivamente por la vía penal la frustración y la indignación aumentarán. Esta tensión puede extremar las posturas. Un ejemplo reciente ilustra el tensionamiento. El Tribunal Constitucional ha advertido a la Mesa del Parlament que no intente desarrollar el derecho a la autodeterminación (17 octubre 2019). A pesar de ello, la mesa del Parlament ha decidido el 23 de octubre, consciente de los apercibimientos y del riesgo de una querella por desobediencia, admitir a trámite y adoptar una nueva declaración condenando la sentencia del TS, y anunciando que “reitera y reiterará tantas veces como lo quieran los diputados la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Catalunya para decidir su futuro político”.


Para concluir cabe preguntarse si Euskadi pudiera seguir una vía catalana, dado que existe una ponencia de autogobierno en el Parlamento Vasco donde PNV y EH Bildu pueden conformar una mayoría. Recordando el inicio de este artículo, sobre la analogía de los vasos comunicantes, me atrevería a añadir dos consideraciones: la vía pactista basada en los derechos históricos del pueblo vasco está aún por desarrollar y, relacionado con esto, la relativa estabilidad económica actual de Euskadi y Navarra ponen de relieve la virtualidad del Concierto Económico y del Convenio Económico. La tasa de desempleo en torno al 9%, a pesar de las desigualdades económicas y la tasa de pobreza, los índices muestran mejoría respecto de años anteriores, pero la coyuntura económica en Euskadi es dependiente y volátil, como en todo Europa, y nuestra industria debe hacer grandes inversiones para ser más verde y más competitiva. Somos absolutamente dependientes energéticamente. Aún estamos muy lejos de la economía circular. Nuestros empleos deben mejorar en calidad. Nuestras relaciones laborales siguen siendo estériles. Tenemos buenos servicios sociales y sanitarios y buena protección social, pero nuestra educación es aún subóptima. Nuestra convivencia se ordena en torno a las condiciones de vida y a la experiencia de la desigualdad y pertenencia. La cohesión social, la gobernanza democrática y la pertenencia optimizan la convivencia social democrática creando así las condiciones para el rechazo a la violencia y maximizan la legitimidad de la polis.


La reacción represiva penal y policial del estado ha provocado una sensación de impotencia en el soberanismo catalán. Su convicción de que por la vía pacífica y por la vía de hecho podrían lograr sus objetivos y negociar con el Estado español, con la ayuda externa de la Unión Europea, parecía bastante voluntarista vista desde Euskadi. Sin embargo se ha reforzado la convicción de que no son los métodos, pacíficos o violentos, los que provocan esa reacción represiva del estado sino el cuestionamiento de sus fundamentos constitucionales: monarquía, unidad, soberanía indivisible, preeminencia y unidad de su sistema judicial. Cuestionar todo esto de un modo sereno e institucional es lo que ha motivado su castigo. La violencia callejera de esta última semana es una respuesta equivocada e injustificada que da argumentos a la represión y resta legitimidad democrática al procès.